Consideran que “sería absolutamente irresponsable y supremamente riesgoso para la seguridad económica” estas acciones, al estar únicamente hasta mayo en el Gobierno.
Punto Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pidió al Presidente de la República, Lenín Moreno, que desista de la reforma al Código Monetario y Financiero, así como de avance de la privatización de los activos del Estado.
En un comunicado, la entidad pide al Gobierno que “sea extremadamente cuidadoso en las decisiones que puedan afectar el patrimonio público de los ecuatorianos”, cuya administración estará a su cargo únicamente hasta el 24 de mayo de este año.
“Sería absolutamente irresponsable y supremamente riesgoso para la seguridad económica de los ecuatorianos y nuestras posibilidades de desarrollo humano, avanzar en los anunciados procesos de privatización de importantes activos del Estado, ya sea por la vía de la venta, concesión o delegación de empresas y bienes públicos”, dice el documento, al mencionar algunas: la Refinería de Esmeraldas, la Central de TermoGas de Machala, el sistema nacional de antenas para la transmisión de telecomunicaciones de la CNT, el Banco del Pacífico, los activos patrimoniales de la Empresa de Ferrocarriles, la empresa de Correos del Ecuador, el campo petrolero de Sacha, entre otros.
Además, le preocupa que el Gobierno intente llevar a la Asamblea Nacional un el proyecto de Ley con carácter económico urgente para la reformar el Código Monetario, “con la pretensión de despojar a la Función Ejecutiva de la atribución constitucional que tiene de formular las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera que se instrumentarán a través del Banco Central”.
Son varios sectores, sociales, políticos y académicos que han pedido al Gobierno frenar el avance de la concesión de los activos del Estado. Además, sobre el proyecto de Ley económico, las mismas organizaciones señalan que sería una privatización del Banco Central del Ecuador.
Sobre la reforma, el Gobierno anunció que este jueves devolver al Legislativo la normativa para su tratamiento, una vez que corrigió los errores y cumplió con los requisitos para que sea calificado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).