Denuncia que no hay un plan de contingencia por parte del Gobierno de Guillermo Lasso para frenar la violencia en las prisiones.
Punto Noticias. El titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, César Córdova, ante la grave crisis del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, solicita a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, que analice emitir, de manera urgente, un pronunciamiento oficial respecto a la situación ocurrida el 28 de septiembre de 2021 en el centro de privación de libertad de Guayas No. 1.
Pide, además, que realice, de manera urgente, una visita al Ecuador, con el fin de observar las condiciones de privación de libertad, conforme establecen los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
El sistema carcelario ha venido mostrando un deterioro progresivo desde hace varios años, pudiéndose evidenciar y documentar vulneraciones de derechos de las personas privadas de libertad, donde el Estado no ha podido garantizar condiciones mínimas respecto a los derechos de estas personas, sostiene el funcionario.
Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado ecuatoriano sin que haya podido detener la espiral de violencia al interior de los centros de rehabilitación social (privación de libertad), que hasta la fecha ha cobrado más de 200 muertes, solamente en lo que va del año 2021, deplora.
Córdova señala problemáticas estructurales, como los inadecuados espacios de celdas y pabellones, sin servicios sanitarios suficientes y en malas condiciones, sin camas y colchones suficientes para el número de PPL, sin una alimentación adecuada ni digna, falta de servicio permanente de agua potable, casi nula provisión de útiles de aseo personal y de limpieza sin enfoque de género.
Denuncia también traslado de PPL a CRS alejados de su lugar de origen o residencia habitual, afectando su derecho de vinculación familiar como eje fundamental de la rehabilitación; limitado personal para la atención de los ejes de tratamiento, personal tanto administrativo, operativo y de seguridad; insuficiente número de defensoras y defensores públicos; dificultades para cumplir con el plan individual de cumplimiento de la pena debido a las escasas actividades referidas a los ejes de tratamiento, especialmente correspondientes a los ejes culturales, productivos, laborales, deportivos y recreacionales; demoras en el procesamiento de los beneficios penitenciarios, falta de separación entre procesados y sentenciados y por el nivel de seguridad.
Alerta sobre quejas por malos tratos por parte de agentes de seguridad penitenciaria (ASP), extorsiones por otras PPL; revisiones invasivas y de cavidades a las que son sometidas las mujeres familiares de las PPL, convirtiéndose en un atentado a la integridad de las personas, entre otras, evidenciando la falta de una verdadera política pública integral que atienda a todas estas problemáticas, y que, mientras no exista una reestructuración del sistema y un verdadero involucramiento del Gobierno, situaciones como las antes señaladas se profundizarán.
Muestra de aquello, señala, es el deterioro y colapso del sistema nacional de rehabilitación social, que desde el año 2018 muestra un crecimiento exponencial de la violencia intracarcelaria, especialmente por la conformación y fortalecimiento de bandas delincuenciales asociadas al narcotráfico al interior de los centros de privación de libertad, observando la utilización de armas de alto calibre por parte de miembros de dichas bandas, mostrando prácticas totalmente deshumanizantes nunca antes vista, lo que ha generado una gran conmoción a nivel nacional, por la crueldad mostrada en los eventos ocurridos en los últimos meses, sobre todo en la llamada «Penitenciaría del Litoral», ubicada en la ciudad de Guayaquil.
La escalada de violencia vivida durante el año 2020 en los centros de privación de libertad, se ha visto exacerbada en lo que va en 2021, donde la tónica de enfrentamientos entre bandas delictivas ha sido sostenida en el tiempo y en distintos centros a nivel nacional, según la información obtenida desde el SNAI y a través de los medios de prensa, a nivel nacional.
En la jornada del 28 de septiembre de 2021, nuevamente en la denominada «Penitenciaría del Litoral», se han generado actos de violencia al interior de dicho centro, en donde, según redes sociales, la violencia utilizada por PPL en contra de otras, es de igual magnitud a la ya observada en los hechos sucedidos en el mes de febrero pasado, en donde fueron asesinadas más 79 PPL en distintos centros de privación de libertad.
Estos sucesos siguen ocurriendo sin conocer un plan de contingencia por parte del Estado ecuatoriano, al que por tres ocasiones se le ha comunicado de manera oficial la preocupación al respecto y el mandato de la Convención y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señaló el defensor del Pueblo.