La Asamblea aprobó el informe para segundo debate de una reforma legal que reduce de 35 a 30 años la edad mínima para ser embajador.
Punto Noticias.- La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea aprobó, el pasado 22 de abril del 2024, el informe para segundo debate de un proyecto que busca reducir la edad mínima para ocupar el cargo de embajador, de 35 a 30 años.
Se trata del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que incluye una modificación del artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que establece los requisitos para ser embajador, entre ellos la edad mínima de 35 años.
La propuesta fue planteada por Johnny Lavayen, asambleísta por Estados Unidos y Canadá del movimiento gobiernista ADN, quien argumentó que se debe dar igualdad de oportunidades a personas de menor edad.
Y aunque su planteamiento fue que la edad mínima sea 26 años, la comisión presidida por Jonathan Parra Villacís, también de ADN, aprobó en el informe final que sean 30 años.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo alertó que esta modificación tendría dedicatoria para supuestamente beneficiar a Soledad Peña Plaza, hija del presidente del Consejo directivo del IESS, Eduardo Peña Hurtado.
Soledad Peña fue nombrada el 7 de diciembre de 2023 como ministra Consejera en la embajada del Ecuador en los Estados Unidos, como parte de la cuota política del presidente Daniel Noboa.
Cuando el pasado 9 de febrero Noboa removió a Ivonne Baki del cargo de embajadora en Estados Unidos, se anunció que su reemplazo sería Peña.
Sin embargo, el nombramiento se frustró debido a que Soledad Peña no cumple la edad mínima para el cargo diplomático, porque a esa fecha tenía 30 años.
Daniel Noboa mantiene la sede diplomática del Ecuador en Washington sin embajador titular desde hace dos meses y medio. Está en manos del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, definir fecha y hora para que el pleno de la Legislatura debata la reforma legal que se pretende rebajar la edad mínima para ser embajador.
¿Quién es Soledad Peña?
Es abogada por la Universidad Católica de Guayaquil y cuenta con una maestría en leyes en la Universidad Georgetown.
Ha estado vinculada a la empresa privada y su única experiencia en el sector público fue en el Municipio de Guayaquil entre diciembre de 2012 y julio de 2013.
Es accionista en la empresa agrícola en liquidación Paguari S.A. y anteriormente fue accionista de la compañía de consultoría técnica Oremor.
De acuerdo con su declaración juramentada patrimonial de inicio de gestión, ante la Contraloría General del Estado, es propietaria de un departamento en Madrid, valorado en USD 718 000, adquirido el 31 de agosto del año pasado.
Para pagar parte del inmueble, adquirió un crédito hipotecario en España por USD 538 549, según consta en la misma declaración.