Editorial de Radio Pichincha
Si nos vamos por el lado de los medios, ya sabemos que durante más de diez años la pauta publicitaria de las empresas y del banco del actual presidente fueron parte del sostén sustancioso de muchos. Lo que no se ha podido demostrar a cabalidad, pero hay indicios y especulaciones nacidas de los propios allegados a él, es el modo que los periodistas se beneficiaban, en privado, de ese apoyo.
Pero eso, no siendo menor, no es lo más importante por ahora. La pregunta de fondo es quién ganó con los contratos y las reformas que hizo, a través de decretos, a muchos de los mecanismos para beneficiar a sus allegados o pagar los favores de campaña. Lo ocurrido con el aparato de las empresas públicas es ahora ya público y notorio. Haber puesto a su amigo Luque Lecaro para que haga y deshaga con contratos por encima de los 13 mil millones de dólares en los dos últimos años, ya es de por sí bastante.
Pero desde hace algunos días hay un persistente run-run en redes y, sobre todo, en consultores y analistas económicos alrededor del tema petrolero, de la importación de combustibles, en particular de diésel y, por si fuera poco, la compra de armamento, equipos de seguridad y la tecnología para, supuestamente, combatir al crimen organizado y en concreto al narcotráfico.
Nos preguntamos una vez más: ¿Por qué declaramos nuestro apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia y al mismo tiempo compramos, a través de terceros, el diésel ruso a precios más caros que si lo haríamos directamente? ¿Quiénes son los intermediarios en ese jugoso negocio?
En otro aspecto del mismo tema: Mediante un comunicado, la empresa Petrolia rechazó las insinuaciones del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, quien la ha culpado de los actos violentos ocurridos en el bloque 16 y 67, donde comunidades Waoraní han denunciado abandono estatal. Petrolia, antes conocida como Repsol, dijo en un comunicado que “rechaza de forma enfática su aventurada insinuación, rayando en acusación, de que estaría detrás de los actos de protesta y violencia atribuidos a miembros de la comunidad Waorani”.
¿Qué intereses están detrás de generar un conflicto armado, violento y temerario en esas zonas petroleras acusando a las comunidades indígenas? ¿Nos damos cuenta de la gravedad de las denuncias de la petrolera extranjera como para que el país no se alarme y los medios hagan mutis todo el tiempo con este asunto?
Mientras se dilucida el juicio político, queda claro que se adelantan algunas medidas del gobierno para asegurar a sus amigos. Una muy gráfica y dolorosa: sacaron a remate las instalaciones del diario público El Telégrafo, con una base de 9 millones de dólares. Ahora que está botado, semi destruido y en la obsolescencia seguramente los amigos de la prensa que apoyaron a Lasso se harán de esas instalaciones a precio de gallina enferma. Lo mismo pasa con el parque Samanes en Guayaquil, para privatizarlo y con eso alguna firma aliada del banquero se llevará una instalación que era orgullo en América del Sur de un lugar de esparcimiento seguro y para toda la ciudadanía.
Si se va Lasso, costará mucho reconstruir lo que hizo él y su socio Lenín Moreno, pero mucho, tomará algunos años y seguramente volverán a decir que reconstruir elefantes blancos o las obras públicas es plata mal gastada. Ya sabemos, pero ojalá la ciudadanía aprenda de esto y no se vuelva a equivocar. PUNTO