Editorial de Radio Pichincha
La liberación de la cadete Joselyn Sánchez se produce en medio de las revelaciones del asesino, el policía Germán Cáceres, pero sobre todo porque un audio, en el celular de María Belén Bernal, prueba muchas cosas menos la participación directa de la cadete en el crimen. Y, por supuesto, su liberación solo se consideró cuando ella modificó su declaración inicial y la Fiscalía aceptó como cierta su versión de que se quedó dormida toda la noche y no oyó nada.
Más allá de eso, el femicidio como delito y como fenómeno social entra en el debate cotidiano del Ecuador tras la publicación del mapa de femicidios del año 2022. La cifra de 332 mujeres asesinadas por razones de género, da cuenta de un país que no cambia en este aspecto. Al contrario, al iniciar el 2023 parecería que este año será peor. Y sorprende que la provincia de Guayas ocupe el primer lugar con 117 casos de este tipo.
Todo ello ocurrió en el año 2022, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, quien al respecto no ha dicho nada, no explica nada y su secretaría de DDHH, ahora convertida en Ministerio de la Mujer, tampoco propone soluciones en el corto, mediano y largo plazo. No dice nada porque no tiene ni idea de cómo actuar, mucho más cuando reduce el presupuesto, el personal y los proyectos. Aunque, lastimosamente, algunas organizaciones feministas y figuras de este campo ahora lo legitiman. No así con otras que han dado todas las peleas posibles, aunque en los medios oficialistas y corporativos no tengan espacio.
El asesinato de María Belén Bernal, además, da cuenta de un sistema de justicia deficiente para atender los casos de femicidios: no hay capacitación a los fiscales, a los jueces y menos aún a los peritos. No se pueden seguir tratando como asuntos criminales comunes y corrientes. YA ES DEMASIADO LO QUE PASA Y LAS CIFRAS SON ESCALOFRIANTES.
Por eso mismo, bastaría con que la discusión pública se traslade a políticas reales, acciones efectivas y no solo pronunciamientos o esa idea estúpida de derrocar un edificio o de pintar de colores las paredes de las instituciones. Por ejemplo: ¿qué están haciendo en la Policía para que sus miembros no sigan violentando a sus parejas? ¿Hasta dónde han tomado conciencia sus generales y los titulares de quienes dirigen la seguridad para que la inteligencia deje de perseguir y espiar a periodistas y se dedique a preparar a sus oficiales en una conducta de respeto a la mujer, incluidas las cadetes y personal administrativo?
Es que resulta hasta dramático y paradójico que sean los policías los que investiguen los femicidios, si muchos de ellos son abusadores de sus compañeras y en algunos casos han asesinado a sus parejas. Los fiscales y abogados varones (como aquellos que entrevistaron a la cadete Sánchez) sigan actuando bajo el patrón machista para ejercer su oficio.
Si con la detención del policía Cáceres, el Gobierno y la Policía Nacional cree que pasó la página y podemos seguir como si nada, se equivocan rotundamente. Las cifras de femicidios siguieron después del crimen ocurrido el 11 de septiembre pasado. Por lo mismo, la situación ni mejora ni tiene perspectivas de cambiar. PUNTO