Washington Andrade, abogado de la exlegisladora, menciona que buscan desacreditarla. Ella también es investigada por la Fiscalía.
Punto Noticias.- Que Jorge Benavides sea el nuevo presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), en donde estuvo Hernán Luque Lecaro, investigado en el caso Flopec, no sería una casualidad para la defensa de la exasambleísta Mireya Pazmiño. Ella fue una de las interpelantes en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado y delincuencia organizada.
Benavides fue el principal defensor de Lasso en el juicio político. Él se desempeñaba como subsecretario en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y, anteriormente, como viceministro de Trabajo.
Durante el proceso de juicio político a Lasso, Benavides estuvo en el grupo de testigos expertos que convocó la Comisión de Fiscalización, que llevó adelante el proceso y estuvo presidida por Fernando Villavicencio, actual candidato a la Presidencia de la República.
Benavides es experto en Derecho Constitucional y ha trabajado en distintas universidades del país. Su designación como presidente de EMCO se dio el pasado 3 de julio.
Washington Andrade, abogado de Pazmiño, indicó que tener a alguien de confianza de Lasso en EMCO es vital para el Gobierno, en este momento en el que la Fiscalía investiga los casos Flopec y Petroecuador (presunto cohecho).
Esa es la estrategia, reiteró, que usa el Gobierno a la que se sumaría el ataque mediático en contra de su clienta y la falta de celeridad de la Fiscalía para continuar con las diligencias solicitadas en el caso Flopec.
Andrade señaló que aún no hay fecha para que otros exfuncionarios del Gobierno de Lasso acudan a rendir su versión y añadió que la última diligencia fue la de Iván Correa.
El exsecretario de la Administración Pública rindió su versión la semana anterior y en la mayoría de preguntas se habría negado a contestar acogiéndose al silencio.
Insistirán con versiones
La exlegisladora Mireya Pazmiño, a través de su abogado, insistirá a la Fiscalía para que se continúe con la investigación del caso Flopec y se cumpla con la serie de versiones y diligencias solicitadas.
Aún están pendientes las versiones de los exgerentes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Oswaldo Rosero y Cristian Panchi, así como de Villavicencio y de la exasambleísta Ana Belén Cordero, quien actualmente se desempeña como secretaria de Política Pública Anticorrupción.
A ellos se sumarían los exintegrantes de la Comisión de Fiscalización; Luis Verdesoto, exsecretario de Política Pública; Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República; José Yunes, exsecretario general Administrativo de la Presidencia de la República; y Viviana Veloz, exasambleísta e interpelante del juicio político a Lasso.
Investigación de Flopec
La investigación apunta al contrato firmado, en diciembre de 2020, entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, para transportar petróleo y combustibles. Si bien esa operación debía significar un beneficio para la empresa pública, en la práctica, representó pérdidas.
La razón es que los buques ecuatorianos cobraron una tarifa menor en relación a otras operaciones fuera de esa alianza.
En su momento, se habló de que la Contraloría General del Estado tenía un proyecto de informe sobre el examen especial de la gestión de Flopec, en el que constaba que sí hubo responsabilidad penal por el perjuicio de más de USD 6 millones. Sin embargo, otra área de la Contraloría consideró que los hallazgos no eran suficientes.
Para el abogado de Pazmiño, esa documentación es importante y también se está solicitando a la Fiscalía que lo tome en consideración. Sin embargo, el perjuicio para la defensa de la exlegisladora alcanzaría los USD 120 millones.
Andrade manifestó que se está dilatando este caso porque mediáticamente se empeñan en atacar a la legisladora.
Días atrás, resurgió el nombre de Wilson Naranjo como parte de las investigaciones en el caso de Petroecuador. Junto con su hermano (Mario, exasesor de Pazmiño) habrían trabajado en el borrador del informe que en octubre de 2022 aprobó la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea presidida por la exlegisladora. En él, se resaltaban los resultados económicos de la empresa Flopec, dedicada al transporte de petróleo.
Esa información habría sido redactada por los hermanos Naranjo y fuera de los asesores de la Comisión de Régimen Económico.
Wilson Naranjo, en sus conversaciones que son parte de las investigaciones de la Fiscalía, hablaría de los nexos con contratos de preventa petrolera y de la relación con Pazmiño.
Esos mensajes van más allá, pues en uno de ellos se mencionaría sobre un depósito mensual que se debía hacer a la exlegisladora, quien sería investigada también por concusión.
En su momento, Villavicencio pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal en contra de la asambleísta Pazmiño por el presunto delito penal de falsificación y uso de documento falso y tráfico de influencias en la elaboración y aprobación de dicho informe.
Campaña en contra
Para la defensa de Pazmiño solo buscan desacreditarla. Incluso, dijo que el exlegislador Ricardo Vanegas intentaría que los dos casos se unan.
La defensa de Pazmiño señaló que la exasambleísta está abierta a colaborar con las investigaciones. Tal es así que pondrá a disposición de la Fiscalía sus cuentas para que sean investigadas.