Una vez que se agote las instancias nacionales de protección de derechos, culminará en una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó.
Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís en caso Sobornos, informó que la semana pasada presentó una acción de extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, por lo que dijo esperar que con la misma agilidad con que está actuando el sistema de justicia del país, se responda a este pedido.
“Considero que en cinco y seis meses podríamos tener al menos sorteada la sala de la CC que resolverá el recurso”.
Indicó que pese a tener una sentencia ejecutoriada, no todo está escrito en piedra, pues las defensas de los procesados tienen aún recursos para presentar como la solicitud realizada a la Corte Constitucional, sin embargo puntualizó que también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que investigará los hechos en Ecuador y si determina que en el proceso se violaron los derechos de los procesados, el caso iría a la Corte (IDH).
“Consideramos que se han violado las disposiciones de la convención internacional, creemos que solicitará al Estado cierta información y luego sobre la base de un análisis interno resolverán si va a la Corte para llevar un juicio contra el Estado”.
Ortega resaltó que en el proceso del caso Sobornos “2012-2016” fue evidente la violación de derechos pues no se permitió a las defensas presentar argumentos en una audiencia pública, hacer preguntas a quienes se declararon colaborares para rebajar su pena, entre otros que han evitado la tutela judicial efectiva: “Violando el derecho a la defensa”.
Subrayó que a las autoridades judiciales les corresponde dar un mensaje a la ciudadanía de que no todo lo que se encuentra en sus sistema es malo, que es posible acceder a juicios justos para que se restablezca la paz jurídica, sin embargo lamentó que se está haciendo todo lo contrario porque el caso Sobornos cae en una serie de violaciones como la presunción de inocencia: “Todo por caer en rencillas políticas que puede estar dejando en la impunidad a los verdaderos responsables y arrastrando a inocentes”.
Remarcó que durante el juicio la Fiscalía no pudo probar que su defendido, Walter Solís, recibió dinero de contratistas y en ese sentido cuestionó también que el nuevo proceso por peculado en el que se lo está vinculado al exsecretario del Agua, cae en las mismas irregularidades porque su nombre ni siquiera está en el informe de indicios con responsabilidad penal.