La Fiscalía los acusa de haber cometido un presunto peculado en la compra de insumos de bioseguridad.
Punto Noticias.- Una vez que la Fiscalía acabó ayer de presentar su prueba, la audiencia de juicio contra Guido A., exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps); Astrid A., exdirectora del Departamento de Seguridad e Higiene; Mateo A., exgerente de Ambiente de Epmaps; y, Sandra O., representante de la empresa Silverti S. A., continúa con la presentación de las pruebas de las defensas técnicas de los procesados.
Durante siete jornadas, la Fiscalía presentó su prueba testimonial, pericial y documental, con el fin de demostrar la responsabilidad de los procesados en el presunto delito de peculado en el proceso contractual para la adquisición de insumos de bioseguridad, por un valor de 167.920 dólares entre la empresa Silverti y la Epmaps.
Los agentes y policías que participaron de los allanamientos de junio de 2020, como parte de la investigación de diversos delitos cometidos en el marco de la pandemia por la Covid-19, rindieron su testimonio ante los jueces María Mercedes Suárez (ponente), Marcelo Narváez y Mabel Tapia.
A estos se sumaron los testimonios de peritos que realizaron la desmaterialización del contenido encontrado en teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, en los que se hallaron conversaciones entre los funcionarios de la Epmaps, en las que se coordinaba las gestiones para la compra irregular de estos insumos.
También se expusieron peritajes que se realizaron a los correos electrónicos de los procesados, en los que se evidenció la preferencia por la oferta que realizó Silverti, pese a tener un precio mayor a otras; y el peritaje financiero al proceso de adquisición, en el que se determinaron irregularidades en la contratación de emergencia.
Además, los testimonios de representantes legales de empresas proveedoras de insumos de bioseguridad, que ofertaron mascarillas, trajes de bioseguridad y monogafas a la Empresa de Agua Potable, a un precio menor, pero que no fueron contratados; y el testimonio de otros proveedores que vendieron insumos a la empresa Silverti a un precio distinto al indicado en el proceso de adquisición.
Como parte de su prueba documental la Fiscalía incluyó oficios y memorandos de la Epmaps referente al proceso contractual, así como certificados bancarios que acreditaban las transacciones efectuadas para la compra de los insumos.
De igual manera, la entidad demostró el vínculo familiar entre los representantes legales de las empresas Silverti, Bioim y Hospilin.