Ante decisión de la jueza de negar la acción constitucional.
Punto Noticias. Este martes 15 de septiembre de 2020, la jueza Grimanesa Erazo, de la Unidad Judicial Civil de Pichincha, negó la acción constitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo a favor de los miles de usuarios del sistema financiero, afectados por cobros ilegales.
La Defensoría del Pueblo planteó el respectivo recurso de apelación para que la Corte Provincial de Justicia revierta esta decisión.
“Seguiremos en la lucha, acompañando a las y los más débiles y protegiendo los derechos de las y los usuarios de los servicios financieros del país”, advirtió el organismo de derechos humanos.
El 12 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa, así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional, presentó una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por estas entidades, que han incumplido lo aprobado y dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
A través de esta acción constitucional, la DPE busca que las personas usuarias de servicios financieros que han solicitado y han sido beneficiadas con diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones, no paguen otros nuevos intereses generados por este servicio, así como tampoco ningún otro tipo de gastos, recargos, multas u otros cobros relacionados con seguros adicionales, que no hayan sido solicitados por las y los clientes. La acción incluye, además, la solicitud del cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento en la cobranza de créditos a las personas beneficiarias.