El Gral. Luis Altamirano, excomandante del ejército considera que la propuesta de integrar 30 mil miembros a la Policía Nacional, en los próximos 3 años, es absurda.
Punto Noticias.- Jorge Brito escuchó golpes en su vehículo, y acto seguido un delincuente ingresó medio cuerpo por la ventana del copiloto y se sustrajo su celular. Esto ocurrió el jueves 21 de julio, cuando se movilizaba junto a su esposa por el sector de El Trébol, en Quito.
Según el relato, lo más impactante fue que el sujeto tenía un cuchillo manchado con sangre, con el cual amenazaba y solicitaba más pertenencias. “Le vi sus intenciones de acuchillar a mi esposa, entonces me estiré y le cogí de la muñeca y lo sostuve para que no me ataque”, contó Brito.
Estas escenas son mencionadas constantemente por los habitantes de la capital, quienes usan las redes sociales para descargar su indignación ante el incremento de la delincuencia y la falta de atención oportuna por parte de los organismos de socorro.
🔴#ATENCIÓN l Sobre este asalto, Jorge Brito relata que no pudieron dar con el paradero del sujeto que los atacó. 🗣️"El patrullero me pidió mi número, para ver la ubicación de mi celular, pero dijo que el servicio del 911 no estaba funcionando", comenta. ⬇️ pic.twitter.com/IayT9RhVxc
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) July 27, 2022
Según las cifras de la Fiscalía, el robo a personas en Quito aumentó en un 29% en el primer cuatrimestre de 2022. Entre enero y abril de 2022, en la capital, la Fiscalía atendió 2.205 casos de robos a personas.
También hay aumento en delitos como los robos a vehículos, lo que viene ocurriendo desde 2021, con un 16.41% con respecto al año anterior.
La intervención social está ausente
En diálogo con el programa “Las Warmis del Barrio”, de Radio Pichincha, el excomandante del ejército, General Luis Altamirano, criticó que el país no ha tenido una adecuada política en torno a la seguridad, desde la visión de la política criminal y penitenciaria.
Hay que profundizar en los elementos de causa y origen, dice Altamirano, pues las formas de intervención del Estado no han sido las más adecuadas.
Por ejemplo, se piensa que el eje preventivo de la delincuencia es la penalización, cuando se ha probado que esto es equivocado. “La política penitenciaria perdió su norte cuando se eliminó el Ministerio de Justicia”, acota.
Lamenta que las acciones que dieron buenos resultados, implementadas a partir del 2007, fueron descartadas por el gobierno anterior; mientras que en este nuevo gobierno las intervenciones sociales están ausentes de la política de seguridad; pues no están articuladas al discurso y muy poco en la práctica.
Si bien, no se puede relacionar directamente la pobreza con la delincuencia, si existe un vínculo; pues la delincuencia común y organizada, se aprovechan de estas circunstancias. “Tenemos algunos factores que giran alrededor de elementos generadores de la disminución de oportunidades del desarrollo de las familias y las comunidades”, asegura.
Los jóvenes, tampoco están presentes en la política de seguridad
Los jóvenes son un grupo vulnerable, según el General Altamirano, porque pueden convertirse en potenciales agresores y ofensores.
Hay que analizar factores de riesgo y factores productivos, por los cuales los jóvenes pueden caer en prácticas delictivas, o restringir la posibilidad de que puedan ligarse a pandillas u organizaciones del crimen organizado.
Los factores de riesgo, pueden ser la extrema pobreza, la desestructuración de las familias, la precariedad de la vivienda, la ausencia de espacios comunitarios. Entre los factores productivos, están la escuela y la familia, la estructuración de grupos de apoyo en la comunidad, este punto debe ser cuidado por los municipios, o a través del gobierno central.
La abogada Sybel Martínez, renunció al Consejo de Derechos de Quito, debido a la falta de interés de la gestión municipal en abordar las problemáticas de la capital, desde el enfoque de derechos e inclusión social.
En un tweet mencionó la reducción del presupuesto a este rubro y la falta de visión a los problemas estructurales de la ciudad.
Quito le hace frente a flagelos urbanos, agravados por la pandemia, como la pobreza, la inseguridad, la delincuencia, etc. Pese a esta grave situación, en 2021 el MDMQ asignó 17 millones al sector inclusión social, 50% menos en relación a la asignación incial del año 2020. pic.twitter.com/kHMn4kYcPQ
— Sybel Martinez (@sybelmartinez) July 28, 2022
Más policías no harán la diferencia
El pasado 8 de abril de 2022, el Presidente Guillermo Lasso, presentó en Guayaquil, un plan que contiene varias acciones para combatir a la delincuencia y el crimen organizado. Dijo que fortalecerá la Policía Nacional con más efectivos, equipamiento y tecnología. La inversión será de USD 1 200 millones en los próximos tres años, además se incorporarán 30 mil policías.
Altamirano considera absurda la propuesta. Desde su experiencia, se puede armar un equipo en menos tiempo, incluyendo tecnología. Pero, por más emergencia que exista, la formación de seres humanos, no se debe hacer en procesos reducidos. Esto podría generar brechas para posibles desviaciones de la fuerza pública.
“La delincuencia común, el crimen organizado y sus tentáculos no se resuelven con un policía en cada esquina”. Si existe un déficit en la Policía, hay que trabajar de forma progresiva, asegura.
La particularidad de Quito
El incremento de delitos en Quito, obliga a pensar la ciudad desde los problemas estructurales, como el crecimiento de cinturones de pobreza.
“Tenemos una sociedad que se va dividiendo, hemos visto por muchos años la modificación de los espacios urbanos”, menciona Altamirano.
Aquí también se crea una diferenciación, entre quienes puede pagar servicios de seguridad privados y quiénes no. Dotar de servicios de seguridad a una vivienda, puede costar entre 200 y 1200 dólares, según varias empresas.
En los barrios empobrecidos, en cambio, se colocan letreros con amenazas a la delincuencia.
“Lo que se está denotando, es que el ciudadano no cree en la capacidad del Estado para darle protección”. El riesgo es que se puedan crear guardias comunitarias, al margen de la ley, lo que al final puede incrementar la violencia.