A cambio de la exoneración tributaria, la empresa debe crear apenas 21 plazas de trabajo durante cinco años.
Punto Noticias.- Washington Andrade, abogado del Frente de Unidad de los Extrabajadores de la Cervecería Nacional denunció sobre un contrato de inversión entre el Gobierno y la compañía.
Mediante escritura pública se avaló el contrato por USD 100’000.000, el cual contempla exoneración de impuestos y otros beneficios a cambio de la creación de apenas 21 plazas de trabajo durante un período de cinco años.
El contrato fue suscrito el 28 de octubre de 2021 en la Notaría 55 de Guayaquil y entre los representantes legales está el ministro de la Producción, Julio José Prado, por parte del Gobierno, y Santiago Benavides, por el lado de la Cervecería, la cual se constituyó el 27 de diciembre de ese año.
El monto de inversión debe ejecutarse desde el 2020 hasta el 2026 y como parte de los efectos del contrato se advierte de la renovación de envases, jabas y pallets.
Andrade comentó que para cumplir con eso, la Cervecería recibiría beneficios tributarios por cerca de USD 35’000.000, sin contar con la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), por la salida de las utilidades de los accionistas. Estos beneficios serían por 12 años, según consta en el contrato.
El abogado recordó que la ley (artículos 30 y 31 del Código de la Producción) determina impedimentos para firmar un contrato de este tipo.
La norma imposibilita tener contratos de inversión con empresas que no han cumplido con sus obligaciones laborales y en este caso, la Cervecería Nacional no acogió la sentencia de la Corte Constitucional que le ordena pagar las utilidades a sus 2.600 extrabajadores.
Para Andrade esto es una burla, porque no solo el Ministerio de Economía emitió su dictamen favorable para la realización del contrato de inversión, sino la Procuraduría.
Dijo que se presentó un elemento grave, un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales solo del IESS, cuando debía ser general, por lo que ahí ya existiría un incumplimiento que ya lleva cuatro años sin que, además, el Ministerio de Trabajo haga algo.
Aclaró que los USD 100’000.000 no son en realidad una inversión, sino son parte del normal flujo de capital de la empresa, pues más de USD 85’000.000 están destinados para la compra de insumos.
Precisó que el contrato tiene irregularidades, pues si bien se firma en octubre de 2021, se lo pone con carácter de retroactivo, por lo que los efectos de la exoneración se retrotraen a 2020, lo cual para el jurista sería ilegal.
“Todo esto escandaliza, es un contrato lesivo para el pueblo y eso se da mediante una escritura pública”, señaló.
Con este antecedente, es que los extrabajadores de la Cervecería exigen sus derechos y recuerdan que en 2018 la Corte Constitucional dictó una sentencia a su favor para el pago de sus utilidades correspondientes al período 1990 – 2005, las cuales ascenderían a USD 94’000.000.
El representante legal de los extrabajadores afirmó que la Cervecería se resiste a pagar, más aún cuando ahora el Gobierno tiene una relación estrecha con el sector empresarial.
En este contexto, pidió la intervención de la Contraloría General del Estado para que se revise este contrato. Además, instó a la Asamblea Nacional a que llame a comparecer a los ministros involucrados en este tema.
🎙Recordó la ley impide tener contratos de inversión con empresas que no han cumplido con sus obligaciones y en este caso Cervecería Nacional no ha cumplido la sentencia de la @CorteConstEcu de pagar las utilidades a los extrabajadores. Pese a ello la @PGEcuador dio paso ⬇️ pic.twitter.com/CoZAQH2IGz
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 4, 2022