La Fiscal General alertó que podría denunciar a los miembros del CJ por usurpación de funciones.
Luego de que la Subcomisión de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) elaboró un informe en el cual recomienda la suspensión de funciones por tres meses de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el Presidente de este organismo, Wilman Terán, convocó a una sesión del Pleno, la noche de ayer, pero no se instaló por falta de quórum.
Terán llamó a sesión a las 19:40 de este 29 de mayo y a esta reunión solo asistió el vocal Fausto Murillo. Los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz no se presentaron a esta sesión. Cabe recordar que los tres son investigados por Fiscalía.
Ante esto, la Fiscal Salazar rechazó el informe e indicó que no está sujeta al régimen disciplinario, sino al control político por parte de la Asamblea Nacional y, por esto, “actuará con toda contundencia” en contra de los vocales que voten a favor de su suspensión.
La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia. https://t.co/gfGl3CQ8sx
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 30, 2023
De la misma manera, Salazar amenazó con procesar penalmente a los vocales de la Judicatura, que voten a favor, del informe.
En declaraciones a Ecuavisa, la Fiscal General manifestó que no acatará este informe y que procesaría penalmente a los vocales que voten a favor.
“Actuaré con toda la contundencia de la Ley. Ese sería un delito de usurpación de funciones”.
Para concluir, Salazar aseguró que lo único que buscan, con esta sanción, es interferir en el proceso que abrió en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias.
“No estarían ellos en capacidad de conocer este tipo de denuncias porque no son competentes y porque hay conflicto de intereses: están siendo investigados por la Fiscal General del Estado. Simplemente, es una forma de amedrentar el trabajo y esto no nos va a detener”, señaló.