La gestión de Julio César Trujillo tuvo una buena intención inicialmente, pero luego derivo en caos y violación de la Constitución y la ley, como consecuencia tenemos lo que tenemos, Diana Salazar en la Fiscalía, agregó.
Angélica Porras, jurista y exvolcal del Consejo de la Judicatura Transitorio, recordó que conoció a Julio César Trujillo en procesos de defensa de derechos laborales, indígenas y sociales y en ese caminar la invitó a ser parte de la entidad.
“Llegue a la Judicatura a insistencias del doctor Trujillo”.
Detalló que al poco tiempo en el cargo empezó a recibir presiones fuertes, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a fin de sacar jueces al margen del mecanismo que establece la ley y sin medir consecuencias a futuro: “Hubo ruptura de esta relación cuando, junto a Juan Pablo Albán, nos negamos en realizar la evaluación que se pidió”.
Explicó que si bien se tenía que hacer una evaluación, la misma debía estar sujeta al 30% de magistrados, que llevaba a un cambio de tan solo tres jueces, sin embargo desde esa Judicatura se repartieron las cortes por regiones a fin de llegar al cometido, unos se encargaron de la Sierra y otros de la Costa: “Nos opusimos y terminó cayéndose la Judicatura Transitoria”.
“Finalmente hubo un rompimiento de la Judicatura Transitoria porque había presión del CPCCS (…) Se nos suspendió la facultad de evaluar de parte de la entidad (manejada por Trujillo) y se procedió a ingresar a un nuevo Consejo de la Judicatura, este sí hizo evaluación y sacó de sus cargos a los jueces en el 2019”.
Reprochó que la forma de evaluar haya sido sobre un 80% de análisis cualitativo, lo cual cae en los subjetivo.
Puntualizó que inicialmente hubo una buena intención por parte de Trujillo pero posteriormente, es agestión, derivo en absoluto caos y violación de la Constitución y la ley, lo que derivó en la selección de autoridades como Diana Salazar quien, sin tener conocimiento en derecho Penal, fue designada como Fiscal General: “En el concurso ella dice que la prisión preventiva debe ser primordial para impunidad en los delitos (…) y lo mismo ocurrió cuando fue a la Asamblea a hablar de Flagrancia, dijo cosas como que la flagrancia en el caso de Freddy Carrión era posible porque se podía hacer seguimiento por google, es impresentable”.
Para Porras esto demuestra que los procesos del CPCCS-T no fueron debidamente realizados, de ahí que, dijo, las consecuencias han sido demasiado graves para el país y se evidencia en la desinstitucionalización y la falta de independencia en la justicia: “Y tenemos una Fiscalía que persigue sin conocimiento”.
“Hasta la mala fe se puede enfrentar, pero la ignorancia junto a la mala fe es casi imposible (…) no se sabe a qué se va a enfrentar”.
Mencionó que precisamente para garantizar independencia en el sistema judicial el primer paso es la independencia en la selección de autoridades y no entregar un cargo porque se piensa que se le debe el puesto.