Editorial de Radio Pichincha
Ayer, en un reconocimiento tácito de que Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, la canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que fue el mismo Daniel Noboa ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Además, reconoció que su Gobierno está consciente de las consecuencias de esta incursión que violenta convenios internacionales. Y al ser consultada por qué no se lo detuvo afuera de la embajada, en el vehículo que podía llevar a Glas al aeropuerto señaló: “Viola el mismo artículo”, referencia al 22 de la Convención de Viena que dice: “Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellas (las sedes diplomáticas)… y demás bienes, así como los medios de transporte de la misión”.
Y por todo ello, hoy el Gobierno ecuatoriano, no su pueblo, tendrá que ocupar el banquillo de los acusados en dos instancias internacionales: a las 11:00 en la reunión de cancilleres de la CELAC y a las 14:00 en el consejo permanente de la OEA.
¿Es la primera vez? Nunca antes nos habían colocado, en un mismo día, en dos foros del más alto nivel para responder por algo de esa dimensión. Incluso, cuando hubo conflictos armados con Perú, tuvimos la desdicha de afrontar situaciones de esta naturaleza.
Pero como “la razón no pide fuerza”, como decían los antiguos, lo más seguro es que la invasión a la embajada mexicana reciba la sanción de todos los países integrantes de esos dos organismos. Quizá el amigo y hasta socio más dilecto con el que cuenta Daniel Noboa, se abstenga y quiera “maquillar” cualquier condena. Ya veremos.
Sin embargo, las declaraciones de ayer del presidente Noboa son la prueba de la carga en su contra, lo mismo con las de su Canciller y las de su Secretario de Comunicación. Los tres han dado todos los argumentos para que la comunidad internacional sepa que no midieron ni calcularon que en la globalización y en el campo diplomático ninguna violación a los convenios suscritos queda impune. Caso contrario, tendríamos conflictos por todas partes.
Lo peor de todo es que las consecuencias ni siquiera las pagarán directamente los altos funcionarios antes señalados, sino que será el Estado en general, incluso con pagos económicos, sin descontar las retaliaciones políticas.
¿Qué queda como aprendizaje? Lo fundamental: los odios, las venganzas y los usos perversos del poder no hacen a nadie estadista y menos un demócrata. ¿Nos querrán decir ahora, como chiquillos, que era mejor pedir perdón antes que pedir permiso? PUNTO