El Estado gasta más de USD 235 mil en salarios de asesores del Ministerio de Gobierno. Mientras que en el servicio penitenciario desembolsa más de USD 150 mil al año.
El 95% de los asesores no cuentan con experiencia ni formación académica en el ámbito de la seguridad ciudadana, criminología o violencia estructural. En algunos casos ni siquiera tienen título de tercer nivel.
Altos funcionarios se llevan la mejor tajada
La situación es tan crónica, que el Ministerio de Gobierno no cuenta con estructura institucional. Hasta la fecha rige el organigrama del año 2017, del extinto Ministerio del Interior.
De las tres cabezas que manejan el Ministerio de Gobierno (a cargo de la seguridad y la Policía Nacional) ninguno tiene título de cuarto nivel.
La ministra del Gobierno, Alxandra Vela, es abogada y licenciada en ciencias sociales y políticas. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, es ingeniero automotriz y el viceministro del Interior, el excoronel Max Campos, no registra ningún título de tercer nivel.
Con los asesores del despacho ministerial la historia se repite.
La ministra Vela cuenta con siete asesores. Ninguno está especializado en materia de seguridad. Hay abogados, economistas y comunicadores sin experiencia en el sector público. Apenas dos tienen estudios de posgrado.
Ayala Aguirre Luis Fernando, es economista con gestión empresarial y ganará anualmente USD 38.964.
Chávez Guerrero Angie María, es otra de sus asesoras. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y ganará USD 38.964 al año.
Crespo Beltrán Bernardo José, tampoco tiene experiencia pero es abogado por la UDLA y recibirá un jugoso ingreso de USD 38. 964 anuales.
Otra de sus asesoras es García Ortega Esther. Ella es abogada con cinco de experiencia en el sector público pero tiene una maestría en Derecho Bancario y Bursátil.
Pedro Tamayo y Alex Navas son parte del equipo de Vela. Ambos contabilizan una experiencia de cuatro años pero en ramas que no se relacionan con la seguridad ciudadana. Cada uno ganará más de USD 25 mil al año.
¿Hay competencia técnica en el SNAI?
En el caso del servicio penitenciario o carcelario del país la competencia técnica es inexistente, al menos, entre sus altos funcionarios.
El coronel en servicio pasivo que gobernó la SNAI hasta el 8 de diciembre de 2021, Fausto Cobo, tiene una licenciatura en Artes Militares. En 1997 fue accionista de Producciones Cobo Montalvo CIA.LTDA, una empresa que organizaba eventos, banquetes, bodas y fiestas.
Otro director que tuvo su paso fugaz por el SNAI, fue Bolívar Garzón. Tampoco tiene experiencia en manejo penitenciario, pero fue comandante de la flota de Tame, exactamente, del avión Airbus A320.
¿Si las cabezas del SNAI no contaban con las credenciales y experiencia suficiente sus asesores sí?
Pues no. La asesora María Fernanda Albornoz es publicista, sin experiencia, pero ganará más de USD 29 mil al año.
El caso se repite con German Fuertes Cueva, otro de los asesores del SNAI, ni siquiera tiene título universitario y fue director del Centro de Privación Provisional de Libertad Cotopaxi 1. Ganará más USD 30 mil.
Politización del contexto carcelario
Pese a que el Gobierno prometió una inversión que bordea los USD 70 millones en el sistema penitenciario, solo se han invertido USD 470 mil hasta la fecha.
Después de la masacre carcelaria registrada en el mes de septiembre de 2021, el presidente Lasso prometió ejecutar un plan de contingencia con una inversión de USD 70 millones en dos años. Sin embargo, apenas se ejecutó el 0,6% de dicha proyección.
Se compraron equipos informáticos, radios portátiles, linternas y la reparación de ciertas cárceles en Ambato, Esmeraldas y Cañar, según el portal de Compras Públicas.
En este contexto de conmoción interna, que cobró la vida de 300 ciudadanos en las cárceles, Lasso retomó las teorías del caos y la conspiración, politizando la situación carcelaria.
Adjudicó la responsabilidad de la crisis de seguridad a su adversario político, el correísmo. Dijo que se entregó “deliberadamente el territorio a organizaciones delictivas” y se procuró un “sabotaje” en contra del radar que inauguró su gobierno en el mes de noviembre.
Pero en la práctica quien politiza la realidad carcelaria es el propio Presidente.
La perito de confianza de la fiscal Diana Salazar, Alexandra Mantilla, quien determinó la supuesta estructura criminal del Caso Sobornos, que a su vez, condenó al expresidente Correa. Se convirtió en la directora de Beneficios Penitenciarios e Indultos, en el SNAI.
El Estado ecuatoriano podría ser indagado por presuntos asesinatos extrajudiciales, si se toma en cuenta el Protocolo de Minnesota y las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. Mientras tanto la inseguridad va en aumento.