Con 83 votos afirmativos la Legislatura dio paso al proyecto de Ley.
Punto Noticias.- Una vez que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Simplicidad Tributaria, el Ejecutivo deberá analizar el contenido y acoger la decisión de la Legislatura o proponer nuevos cambios mediante un veto.
El presidente Lenín Moreno había indicado que con diálogo y consensos seguirá tomando decisiones para un país mejor. Incluso, en su cuenta de Twitter, felicitó a la Asamblea por dejar de lado las banderas políticas para apoyar la propuesta del Gobierno que beneficiaría a las mayorías.
Con la nueva normativa se busca incrementar la recaudación tributaria en al menos unos USD 600 millones en 2020. Pero también incluye varias concesiones a diversos sectores como remisión de deudas de créditos educativos, con BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN), simplificación de trámites e incluso la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta.
Sin embargo, también trae una contribución especial para las empresas que facturan más de un millón de dólares, el alza del ICE de 0% a 10% a los planes personales de telefonía celular, impuesto a dividendos, entre otros.
En relación a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones se plantea una reinversión en el sector.
Además, para cumplir con el pago de tarifas de uso y explotación del espectro radioeléctrico y de concentración del mercado, los prestadores de telecomunicaciones podrán cancelar hasta un 45% y 70% de los valores a esas tarifas con proyectos tecnológicos.
Sobre el tema, el ministro Andrés Michelena, indicó que es un “gran paso” que la Legislatura haya entendido que las telecomunicaciones son una herramienta vital para el desarrollo y crecimiento del país.
Explicó que en el tema del devengamiento, el Gobierno propuso un 80%, pero que la Asamblea aprobó un 45% el pago, uso y explotación del espectro y un 70 % del pago por concentración de mercado.
Anticipó que mantendrá una conversación con el jefe de Estado para ver si se hacen ajustes en ese tema. No obstante, estimó que el Estado recaudaría por ambos pagos entre USD 70 millones y USD 80 millones anuales, que serían reinvertidos en la misma área.
Por otra parte, el asambleísta Patricio Donoso (CREO), de la Comisión de Régimen Económico, comentó que el Gobierno al momento tiene tres opciones: sancionar la ley y publicarla; vetarla parcialmente, y la Asamblea Nacional tendría hasta 30 días para responder. Si esto se diera, habría un riesgo de que la ley no entrara en vigencia inmediatamente. La otra opción sería vetarla totalmente.
Fuente: El Universo, Pichincha Universal, redes sociales