Punto Noticias.- Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos y Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, enfatizó la necesidad de que la Fiscalía General del Estado investigue por posible responsabilidad penal sobre la empresa Furukawa Plantaciones CA que habría incurrido en graves vulneraciones de derechos humanos a grupos familiares que durante 56 años habrían sido explotados laboralmente.
Hurtado explicó que en las visitas a algunas haciendas de la empresa se pudo evidenciar la falta de afiliación y contrato de trabajo, inexistencia de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones infrahumanas, trabajo infantil y de personas de tercera edad, insalubridad, entre otros.
“Son 18 campamentos húmedos, lúgubres, sin agua, sin luz, cuartos sin baños que no superan los 30 metros y con letrinas alrededor de campamentos (…) El trabajo se hace con cuchillo y machete lo cual provoca lesiones, hay gente con mutilaciones, hay niños con mutilaciones”
En ese aspecto destacó la importancia de la clausura de la empresa por parte del Ministerio de Trabajo aunque la multa de USD40 mil que se impuso no correspondía ya que no se tomó en cuenta la vulneración de cada trabajador sino que se determinó con base a cada establecimiento, cuando lo sugerido era de USD277 mil.
Furukawa inició sus actividades el 22 de febrero de 1963 y está próxima a cumplir 56 años de funcionamiento en 23 haciendas ubicadas en Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, que fueron visitadas por la Defensoría del Pueblo el 20 de octubre y 20 de noviembre de 2018 y la última el 26 de enero de 2019.
Incluso Hurtado detalló que el abogado particular de la empresa, que estuvo presente en la inspección de noviembre y mientras se escribía el informe de irregularidades, ahora en este 2019 es inspector del Ministerio de Trabajo en Santo Domingo de los Tsáchilas. Además es curioso que dos inspectoras de la cartera de Trabajo que encontraron irregularidades en Furukawa fueron separadas de sus cargos, agregó el funcionario.
Se conoce que la empresa declaró USD9 millones de ingresos en el 2017 de ingresos pero indican que los gastos fueron por USD 8´349.000 por lo que tendrían utilidades de un millón de dólares, detalló Hurtado al añadir que “es una presunción de la Defensoría que el gasto que registra tiene que ver con compra de factura que hacen por la fibra, por lo que instan la respectiva verificación del SRI”
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