Este tipo de denuncias no son nuevas, ante la indiferencia de la justicia
LOS PERIODISTAS
Mientras los hospitales no se dan abasto para atender a cientos de contagiados por coronavirus, el IESS adquiría, en medio de la emergencia, mascarillas y otros insumos por más de USD 10 millones, con un presunto sobreprecio.
Pero el negocio se cayó, después de que se revelaron por redes sociales, que se estaban comprando mascarillas Nº 95 a USD 12 cada una, cuando el municipio de Chone había adquirido el mismo producto a USD 3,90 por unidad.
Detrás de esta frustrada compra existen varios elementos que llaman la atención, ante cierta complicidad de las autoridades, quienes debieron ejercer acciones frontales e inmediatas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La empresa adjudicada es ALMANTOP S.A. la que, según la Superintendencia de Compañías, tiene como actividad principal el servicio de alimentos y bebidas para restaurantes, cevicherías, picanterías y cafeterías.
Cuenta con un capital de apenas USD 800 y se mantuvo disuelta hasta el 19 de septiembre de 2019, cuando se registró su reactivación en la Superintendencia de Compañías.
Los accionistas de ALMANTOP S.A., domiciliada en la ciudad de Guayaquil, son Narcisa Jesús Bustillo Domínguez y Katherine Andrea Nieto Rosero.
Los números telefónicos registrados por la entidad, en la Superintendencia de Compañías, no corresponden a esa empresa.
El IESS se vio obligado a suspender la adquisición, hasta que se aclaren las denuncias, para lo cual sus autoridades solicitaron la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
Pero, ¿qué tan difícil es establecer responsabilidades desde la propia institución? Un proceso de contratación pública representa una cadena de procedimientos en el que intervienen varios funcionarios.
El proceso se inicia con la solicitud de compra y posteriormente se cumplen otros pasos precontractuales como el estudio previo, estudio de mercado, términos de referencia, certificación presupuestaria, calificación de ofertas, resolución de adjudicación y la firma del contrato.
En cada etapa participan y firman funcionarios de las áreas involucradas, como la unidad requirente, Compras Públicas, Dirección Financiera, Dirección Administrativa y la propia Dirección General.
Con toda esta cadena de filtros, ¿cómo se pudo adjudicar a una empresa con USD 800 de capital, dedicada a la venta de comidas y bebidas, un contrato por más de USD 10 millones para la provisión de insumos hospitalarios?
El vocal del IESS en representación de los empleadores, Felipe Pezo, solicitó que se inicie un sumario administrativo en contra del Director General de la institución, Miguel Ángel Loja, y del Director del Seguro de Salud Individual y Familiar, Mauricio Espinel Lalama.
Asimismo, pidió que se investigue al subdirector General, David Ruales; al Procurador General, Paúl Auz Jarrín; a la directora Nacional de Servicios Corporativos, María Cecilia Arteaga; a la subdirectora Nacional de Compras Públicas, Carolina Cepeda; y a la subdirectora financiera de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, María Antonella Burbano.
La orden de compra de emergencia número OC-EME-IESS-SDNCP-001-2020 fue suscrita el 22 de marzo por Miguel Ángel Loja, Director General del IESS.
En un video difundido por la institución, Loja invitó a la ciudadanía a revisar el proceso de contratación en la página web del IESS. Sin embargo, el mencionado proceso no consta en el portal institucional.
En la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, aparece únicamente la orden de compra. El archivo de los documentos precontractuales registra error y no permite ser descargado.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, anunció que el proceso fue puesto a disposición de las instancias competentes como Contraloría y Fiscalía, además de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia.
El Director del IESS Ángel Loja, quien suscribió la orden de compra, es muy cercano a Paúl Granda. Los dos ciudadanos cuencanos, han venido trabajando estrechamente en los últimos años. Loja fue asesor de Granda cuando se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas, entre mayo de 2017 y mayo de 2018.
El presidente Lenín Moreno, quien nombró a Granda como presidente del Consejo Directivo del IESS, expresó en su cuenta de Twitter: “Bien Paúl Granda por haber detenido la compra fraudulenta en el IESS, ahora a sancionar a los culpables. Gracias a quienes hicieron la denuncia. Por favor sigamos ayudando. Nadie puede sacar provecho de estos momentos difíciles. Seremos implacables con la corrupción”.
La Fiscalía General del Estado anunció en sus cuentas de redes sociales una investigación previa sobre las presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos por parte del Seguro Social. No obstante, existen denuncias anteriores en las que hasta la fecha no hay resultados.
Una de ellas es la denunciada por la Comisión Nacional Anticorrupción, por un supuesto sobreprecio en la compra de medicinas, por USD 137 millones, en los hospitales del IESS Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, en Guayaquil, entre los años 2016 y 2018.
Con estos antecedentes, no habría certezas de que las investigaciones anunciadas, desde varias instancias, tengan resultados y se sancione a los responsables.