Agregó que el 75% de las armas registradas en Ecuador no tienen permiso.
Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad, señaló que con la flexibilización de la tenencia y porte de armas, el Gobierno ha traspasado la competencia de seguridad a la ciudadanía.
“Hay un pase de mano y ha dicho ‘yo no pude entonces háganlo ustedes’, es un traspaso de responsabilidad que yo lo llamo privatización de la seguridad”.
Álvarez recordó que entre el 2007 y 2023 el mercado estuvo completamente cerrado a la importación, exportación y comercialización de armas, además se grabó el 300% de impuestos, lo que hacía difícil y costoso que los ciudadanos accedan a esos artefactos como mecanismo de protección, por ello la tasa de homicidios bajó de 18 a 5 por cada 100 000 habitantes, en 2010.
Pese a ello, criticó que no haya existido una política estricta de control de armas, lo cual provocó que el mercado negro creciera y con ello los delitos y asesinatos, pues a la par se profundizaba la ausencia del Estado.
“El departamento de control de armas reporta hasta 2021 que existían 146 400 armas, este es un subregistro importante. Pero apenas 38 mil armas tienen permiso vigente, es decir solo un 25% tiene papeles en reglar”.
Se preguntó qué puede ocurrir si se flexibilizan los permisos, tomando en cuenta que el 65% de armas incautadas, entre 2017 y 2021, en Ecuador son de fabricación artesanal.