Asimismo reconoció que desde el Cpccs-T se montó un esquema de persecución por parte del Estado.
Angélica Porras, abogada y exvocal de la Judicatura Transitoria, destacó que el narcotráfico no llega a los puntos en los que está en Ecuador sino tiene colaboración del poder político. De ahí la necesidad de investigar las denuncias que salpican al entorno del Gobierno Nacional incluido Danilo Carrera, cuñado del Presidente Guillermo Lasso.
Señaló que la denuncia ha sido tan replicada y de conmoción en la opinión pública que la Fiscalía no ha podido quedarse callada, debido a la presión, cosa que no ocurrió con los Pandora Papers o con el caso Danubio.
En ese sentido puntualizó que cambiar a los investigadores de la Fiscalía es inoportuno tanto en el ámbito político como en el jurídico y aunque la ley permite establecer rotaciones, aquello significa obstruir en las investigaciones.
“Y deja entrever lo que decía que la Fiscalía era un apéndice del Ejecutivo pero no para investigar al propio Gobierno”.
Reconoció que sin duda alguna esto es la herencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio donde se eligieron funcionarios de control que prometieron luchar contra la corrupción y quitar la influencia política de las instituciones. “No se cumplió con esa oferta”.
Mencionó que aquello se evidencia con Diana Salazar, fiscal General, y Pablo Celi, excontralor General, este último tuvo un blindaje a su nombramiento y decisiones, avalados incluso por la Corte Constitucional.
“Al interior de Contraloría hubo un esquema de extorción para eliminar glosas, hay que leerse en términos jurídicos”.
Porras puntualizó que a partir de la administración de Lenín Moreno se instauró un esquema de persecución, el cual fue tan impactante y grande que le llevará mucho tiempo al país dimensionar y pesar lo que ha pasado en estos últimos seis años.
“Se montó un esquema de persecución por parte del Estado y ahí hay peones y herramientas y aquellos que diseñan no desde el punto de vista del plan pero si del objetivo que es desaparecer las opciones progresistas en América del Sur, esto no es aislado”.
Angélica Porras subrayó que el objetivo siempre fue eliminar una opción política, no solo a la Revolución Ciudadana, sino a cualquiera que muestre un gramo de progresismo. Sin embargo, dijo, son tan inútiles que los revivieron por su pésimo trabajo.
Revocatoria de mandato
Explicó que una vez se recusó al juez electoral Joaquín Viteri por haber participado en dos instancias de apelación del proceso de revocatoria de mandato, el caso regresa a primera fase a fin de que vuelvan a dictar sentencia y ahí aún queda la apelación.
“Todavía hay posibilidad de pelear porque el TCE y el CNE también tienen influencia política. Por tanto si la ciudadanía no se moviliza a exigir que nos deben formularios, no lo vamos a lograr”.