Mauricio Torres, contralor General del Estado, precisó que no solo auditarán las declaraciones patrimoniales de los jueces involucrados en el Caso Purga sino de todos los de Guayas.
Siete jueces, entre ellos, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, están procesados en el Caso Purga. La semana pasada, la Contraloría General del Estado determinó la necesidad de investigar el patrimonio de los involucrados en el delito de delincuencia organizada, que envuelve también al exasambleísta Pablo Muentes. Pero además a todos los jueces del Guayas, que suman 63.
Este lunes 11 de marzo del 2024, entrevistado en Radio Democracia, el contralor Mauricio Torres confirmó que de los 63 jueces hay 423 declaraciones juramentadas, de inicio, periódicas y fin de gestión. Lo que harán, señaló, será determinar si existió un aumento del patrimonio. En esta semana empezará el análisis y en máximo 60 a 90 días tendrían los resultados.
La declaración juramentada incluye los bienes de esposas e hijos menores de 18 años, dijo el contralor Mauricio Torres. Además, precisó que la la Ley Orgánica de la Contraloría les faculta a pedir declaraciones a posibles testaferros.
Los técnicos de la Contraloría, señaló Mauricio Torres, revisarán los ingresos de los funcionarios públicos investigados, por ejemplo si su sueldo mensual es de USD 5 000, se calcula que el ingreso total anual sería de USD 60 000. A esa cifra se debe descontar los gastos, para que las personas sobrevivan. «Se revisará ingresos no lícitos o injustificados».
El Caso Purga no es el único que involucra a funcionarios judiciales, también el Caso Metástasis involucró a jueces, incluso al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien tuvo que renunciar a su cargo. En Ecuador, un juez gana de USD 4 300 a 5 300 al mes, en promedio.
En otro tema, Mauricio Torres indicó que cuando llegó a la Contraloría, el 28 de noviembre del 2023, encontró una cartera sin cobrar por 360 millones de dólares desde 2020, con intereses. Se trabajó en un proyecto de remisión, que ya está aprobado y vigente. Calcula que ahora deberían recibir USD 150 millones, de multas, sin intereses.