Raúl de la Torre y Roberto Barrera, procesados por lavado de activos colaboran con la justicia norteamericana para reducir sus penas.
Punto Noticias.- Empleados de Petroecuador estarían involucrados en el esquema de sobornos al interior de la estatal. Su cercanía con el exasesor de la empresa pública, Raúl de la Torre; y el empresario de bienes raíces, Roberto Barrera, quienes son procesados por lavado de activos en los Estados Unidos, es investigada.
Tanto De la Torre, como Barrera, aceptaron su culpabilidad, con el fin de que se les reduzca la pena de 20 años por el delito de lavado de activos. En el caso del segundo procesado, quien es sobrino del contralor subrogante, Pablo Celi, su pena quedaría reducida a 15 años de libertad condicional si colabora con la justicia en la entrega de evidencias confiables, para dar con otras personas y empresas que participaron en el cometimiento del delito.
Para el Departamento de Justicia de los EE.UU., los acusados ejecutaron el soborno y conspiraron para realizar transacciones financieras, pese a que conocían que el dinero era ilegal. Barrera aceptó que recibió USD 150 000; mientras que De la Torre señaló que captó USD 32 508.
Como parte de la investigación se menciona a otros funcionarios de Petroecuador que estarían involucrados en el esquema de sobornos. De hecho, en las reuniones realizadas en Miami, en donde fueron detenidos ambos procesados, se comentó que el dinero también se pagaría a más empleados.
Según las investigaciones, el dinero provenía de una compañía contratista de Petroecuador, de la que entre 2018 y mediados de 2019 se receptó USD 3,15 millones para beneficio no solo de la gente de la estatal, sino del Gobierno. A cambio, le garantizaban a la empresa que obtuviera nuevos contratos.
Al momento, Petroecuador está al pendiente de los procesos que se tramitan en la justicia estadounidense, por lo que informó que se ha solicitado asistencia fiscal y penal a ese país.
Según Petroecuador, en EE.UU. se ventilarían 11 procesos en los que está inmerso el nombre de la estatal petrolera. No obstante, el caso es investigado también por la justicia ecuatoriana.
La estatal aseguró haber contestado cinco solicitudes de información de la Asamblea Nacional y haber entregado más de 50 páginas sobre las acciones de De la Torre en la entidad. Los datos además fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado como parte del proceso de indagación previa. La empresa pública indicó haber impulsado más de 1 700 causas en los Tribunales nacionales, en los cuales se encuentran, por ejemplo, 112 casos con indicios penales.
A su vez, el legislador Washington Paredes, quien ha seguido el caso, enseñó una escritura pública entregada por Petroecuador a favor de De la Torre. En el documento se dice que la Gerencia de la petrolera entregó cinco poderes especiales al ahora investigado para participar como accionista de la Refinería del Pacífico, suscribir documentos públicos o privados que sean necesarios, y para asistir a las juntas de accionistas en temas relacionados con esa refinería, hoy abandonada.
También se lo facultó para presentar una denuncia en la Fiscalía por irregularidades en 2008 y para que intervenga en una mediación entre Petroecuador y un consorcio.
Fuente: Pichincha Universal, El Comercio, redes sociales