Las violaciones contra los derechos humanos se habrían cometido en 1994.
Punto Noticias.- Los exagentes de la Organización de Investigación del Delito (OID), Nelson Germánico Valverde y Jorge Gustavo Castillo, fueron llamados a juicio por la presunta detención ilegal y tortura en contra de Amparo Constante, en 1994.
El juez a cargo del caso acogió lo expuesto por Fiscalía, la cual acusó a los exagentes en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En noviembre de 2020, se formularon cargos y el juez de la causa dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
Posteriormente, en agosto de este año, se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Las violaciones al derecho a la libertad personal, la falta de garantías y protección judiciales; y las torturas presuntamente cometidas por los exagentes se habrían dado entre el 13 de enero y el 6 de abril de 1994, en la ciudad de Quito.
Amparo Constante Merizalde habría sido detenida el 13 de enero de 1994, por los entonces agentes sin una boleta y fue acusada por sospecha del robo de un reloj valorado en 3.700 dólares y un estuche de manicura de 169.000 sucres.
Un informe de la CIDH en el que se dio admisibilidad al trámite señala que se dispuso la prisión preventiva de Constante Merizalde en la Cárcel Pública de Mujeres de Quito.
En reiteradas ocasiones, la defensa de la mujer insistió que la detención provisional sin fórmula de juicio sobrepasó el límite de 48 horas dispuesto por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal vigentes a la fecha, por lo que se configuró una violación al artículo 7 de la Convención Americana, relacionado con la libertad personal.
En esa época, el Estado ecuatoriano alegó que un robo tuvo lugar en el local Lord Nelson el 13 de enero de 1994 a las 20:00 aproximadamente y que ese mismo día se capturó a Amparo Constante Merizalde “por cuanto había sido sorprendida robando en el local […] por el propietario Fabián Anda, quien solicitó su detención”.
Tras la detención, la presunta víctima fue torturada por los agentes Valverde y Castillo, con el objetivo de obtener su confesión de que se declare culpable.
La tortura habría llegado al uso de corriente eléctrica en uno de sus brazos, mientras era abofeteada y tirada del cabello.
También habría sido amenazada de muerte si los denunciaba, por lo que ante esa presión la mujer habría declarado que cometió el delito.
Fuente: Fiscalía, CIDH, redes sociales