Para ambos, la institución policial está contaminada y no sería lo más adecuado que desde ahí se fije un sistema de rehabilitación social. Además, señalan que la cifra de muertos en Santo Domingo sobrepasaría a lo expuesto por el Gobierno.
Punto Noticias.- Jorge Núñez, experto en Antropología, investigador y docente universitario, y Alexandra Zumárraga, exdirectora de rehabilitación social, analizaron la crisis carcelaria en el país ante la última masacre registrada en el recinto penitenciario de Santo Domingo.
Zumárraga dijo que los niveles de violencia no se originaron con el interno Anchundia que fue trasladado de una cárcel a otra, sino que el problema está en la corrupción que existe internamente y en el hecho de que la Policía, encargada de perseguir a los delincuentes, quiere implementar sistemas de rehabilitación.
En este contexto manifestó que quienes administran los centros “tiran la pelotita” a los jueces por el otorgamiento de habeas corpus y -en este caso- al interno Anchundia de la banda de los R7, de quien dijo no estaría en la capacidad de organizar una masacre de esa índole.
Añadió que lo que se observa en redes sociales es poco a la realidad que se vive en las cárceles, por lo que sería difícil definir un número exacto de muertos, ya que hay cercenados y entre ellos habrían extranjeros, cuyos familiares no están en el país y no reclaman sus cuerpos.
Para la también abogada, serían 150 los fallecidos en la cárcel de Santo Domingo que pertenecerían a un pabellón, según le habrían comentado fuentes de adentro del recinto penitenciario.
Creyó conveniente que ante la escalada de violencia, la Policía debería quedar fuera de las cárceles, ya que tiene aliados en bandas delictivas como fue el caso del ya fallecido alias ‘Rasquiña’.
En cuanto a la intención del Gobierno de reforzar un sistema punitivo, explicó que la acumulación de penas no existe y recordó que es el Estado el custodio del preso, pero con la participación de los funcionarios a cargo.
Desde febrero de 2021 hasta mayo de este año, ya son más de 300 presos que han sido víctimas de masacres.
“No hablamos de animales, hablamos de seres humanos, por qué mejor no investigan cómo ingresan las armas a las cárceles que son ya recintos militares”, exclamó.
Sostuvo que hay complicidad del Estado con las bandas delictivas y que por eso renunció a la Comisión de Pacificación, la activista Nelsa Curbelo.
Agregó que ni siquiera Inteligencia Penitenciaria advierte a las autoridades sobre los hechos violentos que se puedan registrar, sino cuando ya pasan.
Mientras, Núñez señaló que se requieren políticas públicas a fondo y comentó que la manera de frenar la violencia no es con el traslado de un sitio a otro de los privados de la libertad y más aún permitir la inserción de la Policía en esta crisis, cuando la institución ha sido cuestionada.
El antropólogo reiteró que se requieren a civiles en el sistema de rehabilitación social, porque el mecanismo es policial y cuestionó que se pida ayuda a la Embajada de Estados Unidos para el combate a la droga.
“Estamos en la dirección incorrecta. La extrema violencia en el Ecuador es parte de la descomposición en zonas urbano marginales”, precisó.
Acotó que desde el Gobierno no se puede trasladar de un sitio a otro a todo lo que les parezca irracional, porque esa no es la manera de enfrentar la crisis.