La Fiscalía la procesó por ataque a sistemas informáticos.
Punto Noticias.- En la provincia de Imbabura, Marjuri A., una exfuncionaria de la Fiscalía, fue sentenciada por ataque a sistemas informáticos.
El Tribunal de Juicio aceptó el pedido de la sentenciada y acogió la suspensión condicional de la pena impuesta, disponiendo el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la autoridad competente que establezca el juzgador.
Además, se ordenó la prohibición de salir del país sin previa autorización del Juez de Garantías Penitenciarias, cumplir con trabajos comunitarios y con la publicación de disculpas públicas en el diario de mayor circulación de la provincia y en la página web de la Fiscalía General del Estado.
A estas condiciones, se sumó que la exfuncionaria deberá presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el juzgador y, en su caso, acreditar el cumplimiento de lo impuesto. Esto, luego que el Tribunal la sentenció a tres años de pena privativa de libertad por su participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
Según las investigaciones, Marjuri A., abusando de las funciones encomendadas como responsable de Talento Humano de la Fiscalía Provincial de Imbabura, a cuyo cargo tenía la administración del sistema biométrico de asistencia, adulteró los datos informáticos con la finalidad de favorecerse en el registro de asistencia, a fin de evitar reportes de retraso a su nombre.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía comprobó la existencia de la infracción con los informes de las pericias practicadas a los equipos informáticos, que confirmaron la eliminación de cerca de 300 registros; testimonios de otros funcionarios y de los agentes investigadores que participaron en la causa.
Según el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Fuente: Fiscalía, redes sociales