Agregó que la medida no cumple con el principio de necesidad porque es la Prefecta en funciones.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no exhortan a dejar sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sino que más bien hace énfasis en que el Estado tiene la obligación de precautele la vida y la integridad de la funcionaria, junto con Virgilio Hernández y Christian González.
Respecto al pronunciamiento del organismo internacional sobre el respeto a los derechos políticos de quienes votaron por la titular del Gobierno Provincial, el jurista remarcó que aquello no significa un levantamiento de la prisión preventiva: “En este caso podría ser que no la destituyan pero que siga guardada”.
Sin embargo García indicó que con las medidas cautelares de la CIDH, la defensa de Pabón puede alegar la arbitrariedad de la prisión preventiva: “Y hay argumentos para hacerlo, porque no cumple con el principio de necesidad; la Prefecta en funciones para qué se va a volar. Con una prohibición de salida del país y la obligación de presentarse a una unidad judicial, es suficiente”.
En ese contexto el titular del Colegio de Abogados de Pichincha detalló que los jueces de garantías tienen la potestad de establecer si una medida es arbitraria o no, a través de la apelación o impugnación de la prisión preventiva: “Porque además pudo haber sido necesaria cuando se la dictó y con el paso del tiempo no”.