Durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, el exjuez Édgar Flores dijo que se dictaron medidas alternativas ante la presión que tenía el Tribunal. Mientras, abogado anuncia acciones en el ámbito internacional.
Punto Noticias.- El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Édgar Flores, echó más leña al fuego a la imagen desgastada que tiene en este momento la Función Judicial.
En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, como parte del proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones en contra de la extitular del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado; el actual presidente de la entidad, Fausto Murillo; y los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo, reveló que el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, debía ser liberado inmediatamente cuando se levantó la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de concusión, dentro del caso Arroz Verde, después conocido como Sobornos 2012 – 2016.
Flores, quien fue uno de los magistrados destituidos en el proceso de evaluación por el CJ, dijo que en vez de dejar libre a Mera, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dictó medidas alternativas “para evitar un escándalo”.
En julio de 2019, el Tribunal de la CNJ sustituyó la prisión preventiva de Alexis Mera por las medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Incluso, recordó que fue uno de los magistrados que integró el Tribunal que en julio de 2019 resolvió la apelación del exfuncionario.
El exmagistrado aclaró que la verdadera razón de su destitución fue haber revocado la prisión preventiva al exsecretario jurídico del Gobierno de Rafael Correa y no por el proceso de evaluación de la Judicatura, ya que su remoción se dio antes de conocer los resultados de dicha evaluación.
Explicó que se dictó prisión por el delito de concusión, lo cual fue apelado por Mera. Cuando transcurría el trámite para resolver ese recurso en el Tribunal, la Fiscalía reformuló cargos y cambió la concusión por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Ante ello, indicó que no se necesitaba ser abogado para saber que si le ordenaron prisión preventiva por concusión y luego ya no se lo acusaba por eso, sino por otros delitos, no debía permanecer privado de su libertad. Pero señaló que a efecto de evitar un escándalo, el Tribunal -del que formó parte- dictó medidas alternativas.
Expresó que Mera es el único de los sentenciados por cohecho que cumple con su pena.
Agregó que si hubiese hecho caso a algunas propuestas, aún estuviera en la Corte, pero precisó que prefirió ser un juez de vocación y no de equivocación por haber aplicado la Constitución y la ley.
Sostuvo que hubo ilegalidades e inconsistencias en la evaluación que la Judicatura aplicó a los magistrados.
La confesión del exjuez sorprendió a los legisladores. Viviana Veloz, miembro de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) e interpelante del juicio político a los vocales de la Judicatura calificó a esta declaración de gravísima, ya que la decisión se tomó “para evitar la presión mediática”.
El legislador Bruno Segovia (independiente) mencionó que eso no justifica la actuación del Tribunal, pues puntualizó que es inconcebible que jueces de la Corte Nacional de Justicia actúen con cálculos para evitar un escándalo.
El exjuez acusó a los medios de comunicación por hacer juicios paralelos. Es decir, emitir un fallo sin que los juzgados resuelvan el caso.
En el primer día de comparecencias también intervinieron los exjueces María Merchán, José Luis Terán y Juan Pablo Tinajero, quienes expusieron que la evaluación a la que fueron sometidos fue ilegal y hasta hablaron de persecución.
Carlos Alvear, abogado del exvicepresidente Jorge Glas y defensor también de Mera durante el caso Arroz Verde, afirmó que lo expuesto por el exjuez Flores es una “bofetada” para los que creían en la justicia ecuatoriana.
Dijo que esa persecución es notoria contra algunos personajes de la Revolución Ciudadana. Primero por parte de los medios de comunicación y luego por la presión que tienen los operadores de justicia.
Aseveró que Mera es un perseguido político y que la confesión del exjuez Flores así lo confirma, por lo que al igual que con sus otros clientes -afines al correísmo- seguirá con una estrategia legal en el ámbito internacional.