La Fiscalía investiga en total a 15 personas, luego que este caso fue abierto nuevamente en diciembre de 2020.
Punto Noticias.- Los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, esperarán hasta el próximo 27 de septiembre para conocer sobre las acusaciones de la Fiscalía por presunto peculado en la compra de los helicópteros Dhruv.
Para esa fecha, la Fiscalía tiene previsto formular cargos en contra de los dos exministros y 13 personas más por la contratación de los siete helicópteros Dhruv, adquiridos a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de la India.
El juez nacional Felipe Rivera convocó para el 27 de septiembre, a las 08:00, a la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia.
Ponce dijo que le gustaría conocer de qué se le acusa, por lo que prefieren pronunciarse hasta que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, establezca cargos en su compra.
Según el exfuncionario, el informe de la Contraloría General del Estado no estableció ninguna responsabilidad en el caso.
Ponce explicó que ese proceso fue de antes y que él simplemente lo que hizo fue firmar el contrato, como representante legal de la Junta de Defensa.
Expresó que suscribió el contrato que antes había pasado por todos los procesos técnicos en agosto de 2008.
Sandoval, en cambio, aclaró que dejó de ser ministro de Defensa el 14 de abril del 2008 y que el tema de los helicópteros fue tratado por la Junta de Defensa el mes de mayo y la firma del contrato se dio en agosto de ese año.
“Estoy sorprendido cómo centenares de personas se han comunicado conmigo. El día 27 sabré cuáles son los cargos, hasta hoy no puedo imaginar”, exclamó.
Las posibles irregularidades fueron alertadas por el entonces comandante de la FAE, Jorge Gabela, quien fue asesinado en diciembre de 2010. El hecho fue atribuido a la delincuencia común, pero su familia insiste en que fue a causa de sus denuncias relacionadas con la compra de los helicópteros.
El exasambleísta y hoy director del Servicio de Atención Integral (SNAI), Fausto Cobo, fue quien denunció el caso, en su momento.
Si bien la investigación fue desestimada y archivada en 2016 debido a que, a esa fecha, para iniciar una imputación penal se necesitaba del Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP) emitido por la Contraloría, tres años después la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de procedibilidad.
El 21 de diciembre de 2020, la fiscal Diana Salazar expuso ante el exjuez Iván León indicios nuevos que habrían aparecido en el caso y se abrió nuevamente el caso.
Fuente: Fiscalía, Expreso, redes sociales