Byron Flores era el encargado de tramitar las denuncias contra la empresa abacalera, cuando estuvo en funciones.
Punto Noticias. El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, conformado por once organizaciones sociales, denunció que el exviceministro de Desarrollo Productivo del MAG, Byron Flores Loayza, de este Gobierno, es ahora el gerente de Producción de esta empresa, acusada de explotación laboral, trabajo forzoso en condiciones de esclavitud, servidumbre por deudas y trabajo infantil.
Flores Loayza, cuando cumplía las funciones de viceministro, pudo ejecutar la expropiación de tierras de Furukawa, contemplada en la ley por relaciones laborales precarias, conforme los exhortos de la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional. Pero no lo hizo.
Incluso, según los denunciantes, Flores participó en una reunión de alto nivel en Cancillería, debido a los pedidos de información realizados por nueve relatores de la ONU. Era el funcionario encargado dentro del Ministerio de Agricultura de llevar el caso Furukawa.
Al comité le preocupa que al menos dos funcionarios refirieron el menoscabo con el cual Byron Flores se expresó, ese día, de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, quienes, para entonces, llevaban más de un año buscando justicia y reparación del Estado. Uno de estos funcionarios relató que el viceministro señaló que tiene ‘familiares que trabajan en Furukawa’, según la denuncia.
El exviceministro conocía el informe emitido por la Defensoría del Pueblo, en 2019, que señaló que la empresa abacalera sometía a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas (ONU) como una forma moderna de esclavitud. Este documento, además, incluye verificaciones del Ministerio de Trabajo sobre la intermediación laboral, prohibida por la ley ecuatoriana, que ahora Flores dice desconocer, señala el comunicado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más.
Las organizaciones del comité preguntan ¿qué le impidió al Ministerio de Agricultura, siendo Xavier Lazo, ministro, y Byron Flores Loayza, viceministro, que se tomen decisiones sobre los exhortos de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional y efectivizar la expropiación de Tierras, contemplada en la ley por relaciones laborales precarias? ¿Cuántos funcionarios públicos de alto rango han interferido en que las miles de personas registradas por el mismo Estado no hayan recibido justicia y reparación?
Preguntan también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ¿quién influyó en que la estrategia estatal promovida por la institución que ella lideraba haya cambiado abruptamente y se haya iniciado una negociación en abril de 2019, sin ningún fruto favorable para las víctimas?, ¿cuál es el papel de FEDEXPOR en estas decisiones, pues las mismas “coinciden” con una carta en la que se evidencia un lobby por resguardar a la compañía? Y, al Ministerio de Trabajo ¿quiénes influyeron para que la empresa continúe trabajando, con total impunidad, pese a que nunca resolvió las irregularidades encontradas? ¿Por qué razones se legitimaron pagos de liquidaciones ínfimas que no cubrían el 100% del tiempo de trabajo?
Los denunciantes exigen una investigación por parte de Contraloría General del Estado, Asamblea Nacional del Ecuador, Fiscalía General del Estado y autoridades pertinentes, alrededor de la actuación de las autoridades del Gobierno de Lenín Moreno, sobre este caso.