Espero que se nos repare por todas las vulneraciones, yo llevo tres años sin ver a mi hija, he tenido que empezar desde cero, me amenazaron de muerte, señaló exconsejera.
Sonia Vera, abogada y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), destacó la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobara, el pasado 14 de septiembre, el informe de admisibilidad en el caso contra el Estado ecuatoriano por el cese de autoridades de la entidad a la que ella pertenecía, a través de la consulta popular del 2018, impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno.
“Este ha sido un largo proceso para la admisión”.
Resaltó que del 100% de denuncias que se presentan ante el organismo internacional, el 90% es rechazado y el otro 10% son admitidos, precisamente en ese pequeño porcentaje se encuentra el pedido de los exfuncionarios Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera.
“Somos la primera causa que fue presentada por autoridades cesadas y a nuestra causa se suman todas las cesadas por el transitorio”.
Detalló que luego de pasar el filtro de forma, ahora les corresponde fundamentar y documentar todo lo que ocurrió en el proceso de cese: “Cada uno tiene un caso en particular, yo llevo casi tres años asilada en España solicitando asilo político”.
Recordó que en la época donde Moreno planteó la consulta popular, se filtró el proyecto de sentencia de la Corte Constitucional que no daba paso a la misma, el régimen emitió dos decretos al Consejo Nacional Electoral para convocar a la ciudadanía a las urnas: “Vulneró los derechos de todos los ecuatorianos y perdimos la estabilidad jurídica de que hubiera un filtro de constitucionalidad”.
A criterio de Vera todo lo devenido de la consulta popular permitió la desinstitucionalización del Estado pues la intención fue de dotar de poderes supra constitucionales al CPCCS- Transitorio para poder cesar a todas las autoridades de control.
Puntualizó que ahora el Estado tiene seis meses para argumentar y tener un acuerdo con las partes afectadas, mientras que los denunciantes podrán presentar en un plazo de cuatro meses la argumentación de la vulneración de sus derechos: “Hay que agotar todos los procedimientos a nivel internacional porque a nivel nacional no tenemos ninguna esperanza”.
La jurista aseveró que ahora se espera que se reparen las vulneraciones a sus derechos, lo cual puede ser con la nulidad de todo lo actuado, una indemnización, el regreso a sus cargos y/o un juicio de repetición contra los funcionarios estatales que actuaron para que el cese se efectúe: “Yo llevo tres años sin ver a mi hija, no veo a mi familia, he tenido que empezar de cero, perdí mi negocio porque lo vincularon a mi actividad política, me amenazaron de muerte, son hechos particulares que cada uno tendrá que argumentar, estoy abierta a un arreglo pero el Gobierno no ha hecho acercamiento”.