“Todas estas personas tienen un papel esencial en la preservación y protección de la naturaleza y de las tierras indígenas y no debieron haber sido criminalizadas”, recalcaron en un comunicado.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos destacaron las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional, el pasado 10 de marzo, a 268 defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
Las organizaciones de lucha social resaltaron esta decisión y reconocieron a estas amnistías como “un acto del Estado ecuatoriano dirigido a implementar una política efectiva de reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y cesar su criminalización”.
De la misma manera, recalcaron que los procesos en contra de las 268 personas iniciaron por su participación en manifestaciones y movilizaciones sociales, en defensa de derechos de la naturaleza, y por protestar en contra de proyectos que afectan sus tierras y territorios y la naturaleza.
“De las 268 personas amnistiadas, 60 eran judicializadas por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social en el marco de las protestas de octubre de 2019, que se iniciaron con el levantamiento indígena contra la política económica del Gobierno; 153 son personas defensoras de los territorios comunitarios; 12 habían sido criminalizadas por cuestiones relacionadas con la administración de justicia indígena; y las otras 43 son defensoras de la naturaleza”.
El Observatorio también subrayó que todas estas personas tienen un papel esencial en la preservación y protección de la naturaleza y de las tierras indígenas y no debieron haber sido criminalizadas por su acción de defensa de derechos.
“El Observatorio celebra la decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador como una manifestación de la voluntad popular representada en la mayoría de este Órgano, de reconocer la indebida criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, y por ello urge a las autoridades a poner fin al uso abusivo y persistente del derecho penal, al hostigamiento, a la estigmatización y a la judicialización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza”.