Balda publicó un mensaje engañoso en sus redes sociales, difundiendo una falsa orden de captura.
Punto Noticias.- El político Fernando Balda compartió información falsa en sus redes sociales. La mañana de este miércoles 17 de enero del 2024 publicó un post en el que se menciona que el expresidente Rafael Correa tiene orden de captura internacional.
Balda mintió, además, al decir que la persona que entregue a Correa a las autoridades ecuatorianas, tendrá una recompensa. A ese mensaje lo acompañó con una imagen adulterada. Balda perteneció a los movimientos y partidos políticos Alianza País, Sociedad Patriótica, Gran Acuerdo Nacional y Libertad es Pueblo.
Tras revisar las difusiones rojas de la Interpol se evidencia que no se busca a Rafael Correa fuera del Ecuador. El exmandatario actualmente tiene un estatus de refugiado en Bélgica debido a la persecución política que sufrió en su contra, desde el Gobierno de Lenín Moreno, como él lo ha repetido.
El abogado Christophe Marchand señaló, en 2022, que la medida de protección a Correa fue hecha desde 2018. Bélgica, para conferirle el asilo a Correa, le pidió demostrar la existencia de una persecución política en su contra en su país de origen. Tras ello, el exmandatario entregó documentación sobre los casos en su contra, con motivaciones políticas destinadas a anular su carrera política, como el caso Sobornos.
No es la primera vez que Balda busca desacreditar a miembros de la Revolución Ciudadana.
Lawfare
En distintas ocasiones, el expresidente Correa ha mencionado que existe un lawfare en su contra. Pero, ¿qué significa este término? Lawfare se utiliza para describir el uso indebido o abusivo de procesos legales con fines políticos.
En el ámbito político, se refiere a la instrumentalización de acciones legales, como demandas judiciales o investigaciones, con el objetivo de perseguir a oponentes políticos o desacreditarlos.
El lawfare puede manifestarse de diversas maneras, como el uso excesivo de demandas judiciales, investigaciones selectivas o la manipulación de procesos legales para fines políticos. A menudo, implica el aprovechamiento de las instituciones judiciales para lograr objetivos políticos, lo que puede afectar la credibilidad y la imparcialidad del sistema judicial.