La fiscal Diana Salazar habló del supuesto grado de participación de cada uno de los investigados, contra quienes pidió la prisión preventiva para todos, prohibición de enajenar bienes y de retención de cuentas en el sistema financiero, así como que se ordene a la Interpol la localización del exasambleísta Ronny Aleaga y Claudia Garzón.
Punto Noticias.- En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de vinculación de 13 personas más al Caso Metástasis, por presunta delincuencia organizada, en el que ya son procesadas 39 personas, entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Este caso se originó luego del asesinato de Leandro Norero, debido a que la Fiscalía investigó 15 teléfonos celulares en los que se revelan chats con amigos y abogados que le ayudan a establecer vínculos con jueces, fiscales, policías, agentes penitenciarios, entre otros, para obtener beneficios legales.
Durante la mañana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió al grado de participación del exasambleísta Ronny Aleaga, de la exfiscal del Guayas, Yanina Villagómez; los agentes penitenciarios Katherine Guaita y Carlos Mendoza; Elio Arboleda, Ángel Lino, Marcel Loaiza y Eduardo Rodríguez, accionistas de telecomunicaciones, informática e inmobiliarias; Rommel Tamayo, exadministrador de una constructora; Doris Oviedo, teniente de la unidad antinarcóticos y perito especializada en Finanzas y de las exintegrantes de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, Alejandra Delgado y Claudia Garzón.
Para cada uno de ellos pidió la prisión preventiva en el grado de colaboradores, así como la prohibición de enajenar bienes y de retención de cuentas en el sistema financiero.
Salazar solicitó al juez de la causa, Felipe Córdova, que se ordene a la Interpol la localización del exasambleísta Ronny Aleaga y de la exintegrante de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, Claudia Garzón.
Córdova dispuso la notificación de lo solicitado por la fiscal general y dio paso a que los abogados den sus criterios sobre lo expuesto por la fiscal e incluso a los ahora procesados.
El primer abogado en intervenir fue Adrián Flores Pazmiño en representación de Ronny Aleaga, quien señaló que la Fiscalía basa su vinculación solo en presunciones y aprovechó para presentar documentación en la que se hace alusión a que tiene un hijo menor de edad a cargo, por lo que pidió que se cambie la medida cautelar.
Asimismo, Flores solicitó al juez Córdova que sea su cliente, quien intervenga para que se conozca su posición. Aleaga enseguida habló vía telemática y dijo que está para dar la cara dentro del proceso.
“Quiero aportar y seguir aportando con información que va a ser relevante en el desarrollo de este proceso y rechazo falsas imputaciones que ha hecho la fiscal general del Estado. Yo apelaré dentro del proceso y espero que me permita seguir compareciendo de una manera segura”, expresó.
Fiscalía habla del grado de participaciones
A Ronny Aleaga, la fiscal Salazar lo calificó con el alias del Ruso, de quien dijo que usó su cargo de asambleísta.
El nombre del Ruso aparece en los chats entre Xavier Jordán y Leandro Norero. En sus diálogos hablan de la famosa foto de la piscina en la casa de Jordán en la que está éste junto con Aleaga y otros.
En la diligencia, se dijo que la foto permitió la vinculación de la supuesta cúpula de la delincuencia y sus colaboradores.
Añadió que la filtración de esa foto representaba amenazas para Jordán porque su éxito en su dinámica era la clandestinidad.
Como parte de los diálogos entre Jordán y Norero se indicó que el primero buscaba silenciar a Fernando Villavicencio porque había denunciado los hilos de la mafia manejados por Jordán y el Patrón como era conocido Norero.
La fiscal señaló que la foto era vital para relacionar al Ruso y a Jordán. Incluso, la fiscal mencionó que en el chat de Jordán con Norero se habla de que el Ruso iba a ir con todo a Villa, pues -según la Fiscalía- respondía a las direcciones de su líder, Jordán.
Para la Fiscalía, Aleaga tenía que acallar las voces que denunciaban la actividad criminal, a través de denuncias o presentación de informes y requerir información que era coordinada con el líder de la estructura.
En cuanto al rol de la exfiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez lamentó que una funcionaria esté inmersa en este caso.
Salazar subrayó que Villagómez era el brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para asesorarse y buscar el apoyo en diversos procesos judiciales que se seguían contra Norero y su círculo.
Expuso que el grado de colaboración de Villagómez con la organización se dio a través de uno de los abogados de Norero, Alexander Novillo, conocido como Novita. Novillo habría acudido a la oficina de Villagómez para obtener la estrategia de defensa en una causa de lavado de activos a cargo de la agente fiscal Libia Sarabia, en la que estaba inmerso el Patrón Norero.
Sobre las exintegrantes de la Comisión de Pacificación se refirió por lo vínculos con los líderes de las organizaciones delincuenciales, sobre todo, de Claudia Garzón.
De Garzón, manifestó que tuvo una cercanía con el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el general Pablo Ramírez para lograr el traslado de 15 privados de la libertad para que estén bajo la custodia de Adolfo Macías Villamar, alias Fito en la Cárcel Regional, en el marco del proceso de pacificación en las cárceles.
Salazar habló también de los movimientos migratorios de Garzón. Ella habría ingresado y salido de Ecuador entre mayo y octubre del 2022. Su última salida se registró el 4 de octubre del 2022, un día después del asesinato de Norero.
Al referirse a Delgado, la mencionó como que ella trabajó por obtener comodidad para Norero y su familia, pues, supuestamente habría aprovechado su designación en la Comisión de Pacificación para recibir beneficios económicos.
En ese sentido, Salazar señaló que Delgado tuvo una conversación con Braulio Mera, recadero de Norero para gestionar la entrega y recepción de dinero de sobornos. Se habló de USD 3 000 a cambio de condicionar su gestión de pacificadora a los intereses de Norero.
En esa línea, la fiscal habló del grado de participación del resto de personas.