La entidad investiga el presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente por un pedido del movimiento Justicia Social.
Punto Noticias.- Por el delito de presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de un pedido del movimiento Justicia Social.
La acción fiscal se dio una vez que el pasado 18 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó el inicio de la investigación tomando en cuenta la normativa legal.
La denuncia la planteó Jimmy Salazar, director del movimiento político Justicia Social, en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto, porque no habrían acogido las disposiciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que la organización política efectúe sus procesos internos, inscriban a sus candidatos y se los califique.
Salazar fue convocado a reconocer su firma y rendir versión libre y sin juramento este 24 de diciembre desde las 08:30, en la Fiscalía.
A esta denuncia se acumularon otras relacionadas con este suceso, y que las presentaron Sylka Sánchez, vocera del movimiento político y de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa y Gino Cornejo; el jurista Jairo Lalaleo; el activista político, Fernando Balda; y el director de un movimiento provincial L.I.D.E.R., Pablo Ricaurte.
Los tres últimos, en cambio, pidieron que se investiguen las declaraciones realizadas por el juez del TCE, Ángel Torres, respecto de una supuesta reunión entre varios líderes políticos y consejeros del CNE para “impedir” que se inscriba la candidatura de Noboa y Cornejo.
Lalaleo debe acudir a reconocer su firma y rendir su versión libre y sin juramento mañana a las 10:15. Mientras, a Sánchez le corresponde el 28 de diciembre a las 14:30; Ricaurte, el 29 de diciembre a las 14:45; y Balda, también el 29 de diciembre a las 15:30.
Además, los cuatro consejeros del CNE deberán enfrentar una audiencia oral el 29 de diciembre a las 07:00, en el TCE, por la misma causa que fue interpuesta por el movimiento Justicia Social.
La organización política solicita la destitución, una multa de 70 salarios básicos y la pérdida de los derechos políticos por cuatro años.
La diligencia está convocada por el juez Torres, quien no fue recusado de continuar con este trámite.
Fuente: El Universo, redes sociales