Juez dictó medidas, tras detención de banda armada que exigía ‘pagos de seguridad’ a trabajadores, en Bastión Popular.
Punto Noticias.- La Fiscalía procesó a 13 personas por el delito de secuestro extorsivo. Ellos fueron detenidos en el sector de Bastión Popular, Guayaquil, en delito flagrante: retenían a tres trabajadores de una compañía, a los que les exigieron dinero para transitar y laborar en el sector.
Los hechos se registraron la mañana del 14 de noviembre. Según la denuncia, las víctimas entregaban sus productos en el bloque 1 de este sector, cuando fueron interceptados por tres personas armadas que se movilizaban en una tricimoto.
Los delincuentes les apuntaron con sus armas de fuego y exigieron USD 300 a cambio de que puedan continuar con su actividad, indicándoles que deberían aportar una mensualidad de YSD 150 adicionales para recibir “seguridad”.
“Al no responder a sus demandas, los trabajadores fueron secuestrados por los individuos, que los trasladaron a una vivienda donde los esperaba otro grupo de personas también armadas, que los amenazaron y agredieron físicamente”, indicó la Fiscalía.
Agregó que personal policial, tras haber sido avisados, llegaron al domicilio donde, actuando en flagrancia, detuvieron a doce personas. Un decimotercer individuo, aparente líder de la organización, trató de escapar por los patios de la vivienda, disparando contra personal policial, pero los agentes respondieron y lo detuvieron.
Hubo siete menores y cuatro adultos aprehendidos. Los adultos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, salvo por el herido, que fue ingresado al Hospital Guayaquil con custodia policial. Los menores fueron trasladados a la Unidad de Menores Infractores, en el complejo Judicial Florida Norte, y puestos órdenes de la Fiscalía.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Eddy Antonio G. C., Óscar Alfredo M. C., Josué Humberto M. C., Evelin Noemí P. T., Lisman Alexander G. G. y Carlos Enrique M. M., para quienes giró las respectivas boletas de encarcelamiento y traslado a la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil.
La situación jurídica de los siete adolescentes fue el de internamiento preventivo, emitido por un juez de la Unidad de Menores Infractores del Complejo Judicial Florida Norte. También fueron procesados por el delito de secuestro extorsivo.