El organismo parlamentario recibió el criterio de expertos y conocedores de esta temática.
Punto Noticias. La mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional anunció que continuará la investigación del caso Perenco, que ha generado perjuicios al país.
Los asambleístas de esta comisión escucharon la ponencia de cinco expertos en materia económica, de tratados de protección recíproca de inversiones y procesos arbitrales, en torno al arbitraje seguido por la petrolera Perenco en contra de Estado ecuatoriano, que sancionó al Ecuador a pagar 435 millones de dólares.
Pedro Páez Pérez, investigador y exsuperintendente de Control del Poder del Mercado, alertó que el laudo arbitral a favor de la petrolera francesa es solo la punta del iceberg en un proceso que pone en riesgo la sustentabilidad económica del país, por el alto impacto que genera la condena al pago de una millonaria indemnización.
A decir del abogado en libre ejercicio Édgar Neira Orellana, es necesario sacar importantes lecciones del proceso arbitral seguido por Perenco contra el Estado ecuatoriano, lo cual implica actuar con responsabilidad y con apego a la ley en el manejo de las relaciones económicas con las empresas, nacionales o extranjeras, que invierten en el país. “Con la Ley 42 se actuó con un criterio eminentemente político para meterle la mano al bolsillo de determinadas empresas petroleras, para hacerse con mayores recursos”, sostuvo.
El exministro de Economía, Diego Borja, defendió la validez de la Ley 42, que fue aprobada por el Congreso Nacional, en2006, con los votos de varios partidos políticos, quienes reivindicaron, en todo momento, el derecho del país a ejercer su soberanía y determinar las reglas para la distribución de los excedentes provenientes de la venta de petróleo, por encima del valor promedio establecido en los contratos.
Christian Pino Garrido, experto en tratados de protección recíproca de inversiones, señaló que estos instrumentos tienen como objetivo extraer de la jurisdicción del propio Estado las demandas sobre controversias relativas a inversiones, lo cual brinda a las empresas transnacionales un régimen jurídico paralelo y deja al país en una suerte de indefensión. Los árbitros generalmente actúan a favor de las empresas y los grandes capitales, advirtió.
El experto en arbitraje Hugo García Larriva consideró que ni los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, ni los arbitrajes son buenos ni malos, per se, pues estos instrumentos buscan fomentar una inversión responsable y, en esa medida, cualquier inobservancia de las cláusulas de esos convenios genera una responsabilidad, que debe ser resuelta en los términos que prevé el mismo convenio.
Fuente: Asamblea Nacional.