El juez constitucional de la causa les dio la razón a los 123 trabajadores que presentaron una acción de protección.
Punto Noticias. El viernes 15 de enero de 2021 es un día histórico para el país y la región, porque es la primera vez que un juez constitucional estableció la violación de derechos humanos contra trabajadores y extrabajadores de la empresa abacalera Furukawa, destacó Patricia Carrión, abogada de la CEDHU.
La jurista explicó que el juez Carlos Vera Cedeño, de la ciudad de Santo Domingo, estableció que se verificó condiciones que configuran un modelo de esclavitud moderna, que en Derecho Internacional se denomina servidumbre de la gleba.
La autoridad judicial dictó medidas de reparación a favor de los afectados, que tienen que ser ejecutadas por la empresa y por entidades del Estado, que por acción u omisión también vulneraron derechos de los 123 trabajadores.
La disposición de Vera es una sentencia de primera instancia que puede ser apelada por la empresa y el Estado; de hecho, el Ministerio de Trabajo apeló en la misma audiencia, lo que quiere decir que habrá una nueva, probablemente convocada por el Tribunal Provincial de Santo Domingo, en las próximas semanas, comentó.
Carrión deploró que el Estado y la empresa Furukawa sostuvieron que la constitucional no era la vía adecuada para tratar este asunto, porque consideran que se trata de un caso laboral, que debió tratarse por la vía ordinaria, civil o administrativa.
Destacó, sin embargo, que el Ministerio de Trabajo, en la última audiencia, tuvo el acierto de reconocer que la empresa ya fue sancionada, por incumplimientos a la ley laboral, por lo que solicitó al juez que decida en materia constitucional.
El juez dispuso, entre otras medidas, que Furukawa repare económicamente a los trabajadores; es decir, pagar una indemnización por los daños. También, expresar disculpas públicas, en medios nacionales y locales, para los 123 trabajadores, con nombres y apellidos de estos, que fueron los accionantes y ganaron la acción de protección.
A las entidades del Estado que fueron accionadas, que, en sus páginas web, publiquen estas disculpas públicas. A los ministerios de Salud e Inclusión Económica y Social, en el marco de sus competencias, garanticen los derechos violados, con la posibilidad de que las personas tengan acceso a salud, atención emergente en prótesis, especialidades médicas, de manera inmediata.
Pero también el juez dictaminó que el Ministerio de Gobierno no tiene responsabilidad en este caso, lamentó la abogada, quien cree que sí tiene responsabilidad, porque fue la entidad que estuvo enterada, siempre desde el inicio, sobre lo que sucedía y no dispuso medidas oportunas para evitar la violación de derechos.