Editorial de Radio Pichincha
El banquero Guillermo Lasso se fue sin pena ni gloria, pero quizá con más plata de la que tuvo al entrar a la Presidencia de la República del Ecuador. Y por eso se entiende su supuesta trayectoria política, porque en realidad su paso por el poder político se trató de un negocio más, para sus intereses, su familia y sus socios.
Lo queremos mencionar hoy porque hay dos claves en este acontecimiento de hace un año.
El primero es el valor de la Constitución de Montecristi para resolver los conflictos políticos por las vías democráticas y sin las consabidas “caídas” que nos hicieron mucho daño, más allá del impacto en la vida cotidiana como en el castigo a aquellos mandatarios que se “portaban mal”.
El segundo es el uso perverso que le puede dar un Presidente a la Muerte Cruzada, que siente que puede ser castigado, vía juicio político. Por tanto, esa misma Constitución debería plantear esa prevención: ¿qué pasa si un juicio político es bloqueado por el uso protervo de la figura llamada Muerte Cruzada? ¿No sería ya la hora de normar esa situación para que iniciado un juicio político, previa calificación constitucional, el presidente señalado no disuelva la Asamblea?
Lo fundamental es la lección que dejó ese acontecimiento. No cabe duda de que nos prueba y nos ilustra sobre el rol político de un hombre de negocios en la Presidencia, que lamentablemente lo estamos viviendo de nuevo, con sus particularidades. Se ha roto ya el fetichismo de que el gran empresario, de gran fortuna, llega al gobierno sin ganas de robar, sin influir en los negocios del Estado, entre lo fundamental.
Y, por supuesto, hay otro elemento clave: ¿qué dejó pendiente el juicio político contra Lasso? ¿Se quedará todo en la impunidad absoluta, como ocurrió con Lenín Moreno y el informe de la Comisión de la Verdad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en octubre de 2019?
Pero hay algo más: ¿qué hizo Lasso desde mayo de 2023 hasta noviembre del mismo año cuando entregó el cargo a Daniel Noboa? Es verdad que hay algunos juicios políticos contra sus ministros, pero para él no ha ocurrido fiscalización alguna. Seguramente, el actual mandatario se olvida de sus propias palabras cuando responsabiliza el estado crítico de la economía a su antecesor. ¿Y? ¿No ha hecho nada con eso? ¿Ya se olvidó de mencionarlo e inculparlo? ¿O hay un pacto o acuerdo bajo la mesa para no molestarse mutuamente?
De todos modos, muchos dirán: “lo pasado, pasado está”. Pero eso es lo que querrán siempre esos poderosos. Pueden asaltar una Embajada, mezclar negocios privados con los asuntos públicos y otras tantas cosas más y quedar como si hubiese sido una travesura.
No podemos seguir así. Nos hace falta una pedagogía política y democrática de lo que fue y significa hasta ahora esa Muerte Cruzada. PUNTO