La justicia había fallado en auxilio de los 170 mil titulares de pensiones por invalidez que el gobierno argentino quería eliminar. El Ejecutivo se sintió cercenado en sus atribuciones y apeló la medida cautelar en favor de los damnificados.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que se había tratado de un error administrativo y que serían restituidos los derechos. Al día de hoy, más de cien mil beneficiarios siguen sin recibir su pensión.
Al estar apelada la medida cautelar, el gobierno no está obligado a cumplir con las prestaciones, lo que genera una situación de indefensión sin precedentes.
El ministerio repuso aquellas pensiones que habían sido eliminadas el año 2016, pero no las que fueron interrumpidas este año, lo que ha generado que se discontinuaran programas de salud como diálisis o tratamientos inmunosupresores para pacientes traspantados.
“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, comunicó la Asociación REDI (Red de Personas con Discapacidad).
“Esto nos deja sin tutela judicial efectiva y esperamos que llegue a la Cámara de manera urgente, porque se está dilatando el envío”, detalló la abogada de REDI Varina Suleiman.
La letrada admitió que era esperable que se diera lugar a la apelación, pero lo que no se podía esperar que fuera con efecto suspensivo sobre la cautelar. “El efecto de la medida es el principal problema para los damnificados que, en su mayoría, son por casos de invalidez”, agregó.
La situación de quienes perdieron sus pensiones es de urgencia, ya que si bien el dinero que perciben es escaso (apenas supera la mitad de una pensión mínima), sí se benefician con descuentos en medicamentos y en la cobertura sanitaria asociada a sus enfermedades y discapacidades.