El titular de la mesa de Soberanía señaló que no existe la máxima autoridad responsable de la buena marcha del sistema de rehabilitación social.
Punto Noticias. Hay falencias estructurales en el sistema carcelario, debido a la construcción de mega centros sin planificación, atomización de las personas privadas de libertad, alto costo de operación, hacinamiento, tecnología obsoleta y deteriorada, señalaron las autoridades que tienen competencia en el sistema de rehabilitación social.
Para Ramiro Narváez, presidente de la Comisión legislativa de Soberanía, a donde acudieron los funcionarios, la crisis carcelaria preocupa no solo a los asambleístas sino a todo el país, porque se registran de manera constante hechos como la muerte de alrededor de 80 privados de libertad, el pasado 23 de febrero.
El legislador contó que el representante de la Policía Nacional informó que en el último período incautaron al interior de las cárceles 800 celulares y apenas funcionan dos inhibidores de señal celular, en todo el país, y no están operativas las cámaras de seguridad, según el Servicio de atención a personas privadas de libertad (SNAI).
Por estas razones, Narváez considera que no se puede garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. A su criterio, está comprobado que lo que sucede en las cárceles se refleja en la sociedad, por lo que afecta el convivir ciudadano, ya muchos actos delincuenciales se operan desde las prisiones.
“Esta es una responsabilidad del Estado, del Gobierno”, manifestó. Condenó que entre los comparecientes a la comisión no estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos, de quien dijo que, de manera insólita, señaló que no tiene competencia sobre la violación de derechos humanos al interior de las cárceles.
El asambleísta dijo que llamaron a estos funcionarios para buscar soluciones a esta problemática, una de las cuales sería que el Ejecutivo nombre a su representante al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
Deploró que desde el anterior Gobierno no se nombra al presidente de este organismo, lo que significa que no existe la máxima autoridad responsable de velar por la seguridad y el buen funcionamiento de los centros carcelarios.
Eso demuestra la falta de preocupación del Gobierno y el Estado, para lograr que los centros de rehabilitación se constituyan en eso, lugares para rehabilitar a los privados de libertad, apuntó el parlamentario.
Lamentó que el actual gobierno de Guillermo Lasso está totalmente deslindado de esta responsabilidad.