Si los acreedores no aceptan los términos, el país podría entrar en default, según ejecutivo de Moody’s.
Punto Noticias. El Ejecutivo ecuatoriano intenta renegociar, con los acreedores de los bonos 2022 hasta 2030, nuevos términos que le permitan contar con liquidez, a mediano plazo; es decir, en cuatro meses.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, el miércoles pasado, señaló que informará a los tenedores de estos bonos que el país aplazará el pago de los intereses, hasta el 15 de agosto del presente año.
En este plazo, espera suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que avale la transacción con los acreedores de los bonos.
A decir de Martínez, esto permitiría tener en la caja fiscal 811 millones de dólares, para enfrentar los gastos urgentes que demanda la crisis sanitaria, provocada por el coronavirus y la reducción del precio del petróleo en el mercado mundial.
El Gobierno Nacional propuso pagar un incentivo de 50 centavos por cada mil dólares de capital principal de los bonos, a los tenedores de los papeles que estén con la propuesta, cuyo plazo para aceptar vence el 17 de abril.
En caso de que los acreedores no aprueben el planteamiento del Ejecutivo, será un evento de ‘default’, a criterio de Jaime Reusche, vicepresidente sénior de crédito de Moody’s Investors Service y analista soberano de Ecuador.
Tras el primer anuncio, del 23 de marzo pasado, de aplazar el pago de los intereses de los bonos 2022, 2025 y 2030, acogiéndose a un periodo de gracia legal, la agencia calificadora de riesgos Moody’s decidió bajar aún más la nota de la deuda ecuatoriana, el pasado viernes 3 de abril de 2020. La calificación pasó de Caa3 con perspectiva negativa, a Caa1 con perspectiva estable.
Reusche considera que el Gobierno ecuatoriano puede solicitar la reducción de la tasa de interés o aplazamiento de pagos, debido a la falta de liquidez actual que atraviesa el país, agravada por la emergencia sanitaria, por el covid-19.
En este posible escenario, Moody’s ha buscado calcular cuál será la pérdida para los inversionistas en el proceso de reestructuración, cuya primera cifra es 35 % menos de lo que cuestan actualmente los papeles ecuatorianos.
Fuente: Expreso.