El Legislativo tiene 30 días para procesar la normativa
Punto Noticias. Este lunes 8 de febrero de 2021 el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley económica, de carácter urgente, denominada “Defensa de la Dolarización”, que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF).
El Ejecutivo envió la normativa un día después de las elecciones presidenciales del domingo 7 de febrero.
De acuerdo a un comunicado enviado por el Ministerio de Finanzas, uno de los objetivos es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE), “para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado”.
Sobre esta reforma, varios sectores sociales, políticos y académicos expresaron su rechazo porque, aseguran, se trataría de la privatización del Banco Central.
La propuesta dota de un Directorio al BCE conformado por cinco miembros, que serían del sector privado, y sin conflicto de intereses. El Presidente de la República será quien proponga los candidatos, y le corresponderá a la Asamblea Nacional nombrarlos.
El Gobierno asegura que, con esta ley, “se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el Banco Central. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF)”
Este organismo, de acuerdo a la propuesta de Ley, será independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera.
Proponen que esté integrada por cinco miembros, que serán nominados por el Presidente y nombrados por el poder Legislativo.
El proyecto de Ley, al ser de carácter urgente, obliga al Legislativo a tramitarlo en un plazo de 30 días. Sin embargo, algunos integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) obtuvieron una licencia para realizar dedicarse a su campaña electoral.
Una vez concluida la primera vuelta, se espera que los legisladores regresen a sus curules y den trámite a los juicios políticos, así como proyectos de Ley que están reposados.