Las autoridades atenderán emergencia ante muertes de PPL.
Punto Noticias.- El presidente de la República, Lenín Moreno, renovó el estado de excepción en todos los Centros de Rehabilitación Social del país, ante la grave conmoción interna que aún persiste por la muerte de varias personas privadas de libertad (PPL).
A través del Decreto 823, dispuso la movilización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de instituciones de la administración pública para que coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia al interior de los centros a nivel nacional.
El documento aclara que la participación de los militares es complementaria a la acción de la Policía Nacional y se da en cumplimiento al marco legal vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado. Mientras que, la Policía se encargará de reforzar el control interno y perimetral de los centros de privación de libertad, para garantizar la vida y la convivencia pacífica de las PPL y la intervención emergente ante incidentes flagrantes que vulneren derechos.
Además, se establece la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y a la libertad de asociación y reunión de la población penitenciaria. En relación a este punto, se destaca que se establecerán parámetros de proporcionalidad y necesidad del acceso a misivas, siempre y cuando hayan pasado los filtros de la Policía Nacional.
En cuanto a limitar el derecho a asociaciones o reuniones, el Ejecutivo manifiesta que es importante controlar la conformación de aglomeraciones durante las 24 horas del día. Solo se exceptúan las actividades de rehabilitación social que formen parte del Plan de Vida de las PPL.
Asimismo, se exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas que ubique los recursos necesarios para atender esta emergencia.
La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que era necesario ampliar el estado de excepción, debido a los actos violentos registrados en las últimas semanas.
“Por 60 días los militares han controlado a las personas que ingresan a los centros penitenciarios; mientras que al interior se ha encargado la Policía. Las autoridades pedían más tiempo para enfrentar la emergencia”, mencionó.
Datos estadísticos difundidos por los medios de comunicación revelan que entre enero y julio de 2018 se registraron 12 muertes de PPL. Mientras que, en lo que va de 2019, los casos ascendieron a 20. El último se registró este fin de semana.
Fuente: Presidencia de la República, Ecuavisa, redes sociales