Los abogados Romel Jurado y Silvia Bonilla se refirieron a 2 de las 11 preguntas de la consulta popular, respecto al trabajo por horas y al arbitraje internacional. Ambos coinciden en que, si el NO gana en esos temas, el Gobierno habrá perdido políticamente.
El abogado Romel Jurado se refirió al comunicado que emitió el movimiento gobiernista ADN, la noche del sábado 23 de abril, a través del que aclaró que la pregunta del trabajo por horas fue una propuesta de Construye. A su criterio busca desmarcarse de los resultados de la consulta popular: “No es mi derrota sino de otro”.
Silvia Bonilla manifestó que la gente de a pie sabe lo que significa tener un trabajo decente y lo compara con uno no digno, también es consciente de cómo actúa el empresariado y el mismo Ministerio de Trabajo que se ha mostrado ineficaz y negligente cuando se trata de proteger derechos laborales.
“En noviembre del año pasado, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sacó un informe y básicamente dice que el Ministerio de Trabajo no tiene capacidad operativa ni técnica para poder ejercer su rol y su misión”, recordó Silvia Bonilla.
En ese marco, Romel Jurado destacó que la consulta popular no solucionará los problemas del país, respecto a las muertes violentas, la pobreza, los apagones o la migración forzada, por lo que el proceso electoral se vuelve parte de una política demagógica que solo busca medir la popularidad del presidente de la República.
Además, Jurado subrayó que las consultas populares han tenido un enorme poder para manipular la institucionalidad del país y para perseguir a los adversarios políticos. El abogado ejemplificó con el proceso de 2018, durante el Gobierno de Lenín Moreno, que dio vida al “Trujillato”.
“Es lamentable que en este país si eres luchador social o crítico al poder de turno, te califiquen de saboteador o comunista”, mencionó Romel Jurado.
Silvia Bonilla dijo sentirse preocupada porque las consultas populares no pueden servir como una herramienta de medición y popularidad, y en ese sentido cuestionó el rol que ha tenido en los últimos años la Corte Constitucional frente a la intención de los gobiernos de poner a las Fuerzas Armadas a trabajar complementariamente con la Policía Nacional en la seguridad ciudadana.