El congreso guatemalteco que no votó para que pueda ser investigado el presidente Jimmy Morales por la posible comisión del delito de financiamiento ilegal de su campaña electoral, sí juntó los 105 votos para aprobar de urgencia nacional, cambios en el Código Penal.
Estos cambios permitirán que no sean delito algunas financiaciones de campaña, hasta ahora ilegales y, además, si las condenas no superan los 10 años, podrán ser canjeados por dinero contante y sonante, en vez de cumplir la sentencia en prisión.
Lo imposible se vuelve posible en Guatemala y las futuras investigaciones ligadas a Odebrecht, por ejemplo, contarían con un nuevo blindaje judicial que le permitiría a políticos, exfuncionarios, financistas y empresarios a librarse de las condenas por corrupción o financiamiento ilícito, extorsión, robo o cohecho.
Que más de las dos terceras partes del congreso firmen esta ley de impunidad muestra el desesperante nivel de corrupción que anida en las instituciones del Estado guatemalteco.
Las triangulaciones de aportes o el lavado de dinero, dejaron de ser delito si tienen relación con el financiamiento político.
Las multas para evitar la prisión fueron pactadas por los diputados que, seguramente, deberán pagar para evitar entrar en prisión cuando sean investigados y condenados. SI es que antes no cambien nuevamente el código penal.
Las calles de Tegucigalpa volvieron a llenarse de manifestantes que no dan crédito a esta estafa consumada a la vista de todo el mundo.