André Benavides consideró que la Corte Constitucional sí podría observar los decretos del Ejecutivo en tema de temporalidad y territorialidad, por ejemplo.
El constitucionalista André Benavides explicó que los decretos ejecutivos 110 y 111, a través de los que se dispone el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, pueden durar 60 días y se lo puede ampliar hasta 30 días adicionales.
“Este decreto podría durar 90 días o 3 meses”, reiteró.
Benavides se preguntó qué va a pasar después de ese lapso de tiempo y el Estado para ese entonces habrá podido solucionar la inseguridad y la violencia, pues los militares tendrán que regresar a los cuarteles.
Para el jurista es imprescindible que en los días que se mantiene el estado de excepción, se ratifique el referéndum que tuvo como objetivo establecer la complementariedad entre las FF.AA. y Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana.
“Caso contrario estamos perdiendo un arma potente como es el uso de las FFAA para contener a los grupos delincuenciales”, aseveró.
En todo caso, André Benavides consideró que la Corte Constitucional sí podría observar los decretos del Ejecutivo en tema de temporalidad, territorialidad y algunas medidas. Además, que también están impactando a la economía.
“Hay cierto tipo de negocios que no pueden abrir en las noches y viven de eso, vamos 60 días de toque de queda y si se adicionan 30 más, no hay economía que aguante”, puntualizó.
De otro lado, el constitucionalista alertó que cuando el Gobierno denomina a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como agentes no estatales beligerantes, les otorga un reconocimiento de protección de derecho internacional humanitario y ahí se puede desnaturalizar la medida.
“El momento que le das estatus aplicas normas relativas a una situación de guerra, ni siquiera sus delitos pueden ser procesados con el Código Integral Penal, sino por el derecho internacional humanitario. Ahí hay un problema”, mencionó.
A criterio de André Benavides las organizaciones criminales deberían ser reconocidas como grupos en armas y requieren reacción del Estado.