Una treintena de hijos de genocidas argentinos conformaron un colectivo al que llamaron “Historias desobedientes”. Un grupo de contención que luego de conformarse decidió romper el “mandato del silencio” familiar.
Para poder declarar en contra de familiares directos es necesario que se reforma la ley, ya que el Código Procesal Penal lo impide.
Pablo Verna, hijo del médico Julio Alejandro Verna, repudia el accionar de su padre, acusado de inyectar sedantes a las víctimas de los “vuelos de la muerte”, aunque libre y sin condena. En tanto que abogado, Verna hijo, creó el proyecto de ley que permite corregir los artículos 178 y 242 del Código que dicen que no se puede denunciar a un familiar directo, ni testificar en su contra.
La semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que les permitirá declarar contra los genocidas. “Yo denuncié a mi padre en la Secretaría de Derechos Humanos en 2013, al tener la certeza de su participación, y me encontré enseguida con el impedimento de dos artículos del Código Procesal de la Nación”, aseguró Verna a la periodista Guadalupe Rivero. “Nosotros queremos que estas prohibiciones no sean aplicables a los delitos de lesa humanidad, porque la nulidad hace caer todo lo que se derive de esa prueba”, agregó.
El proyecto de reforma se basa en el fundamento jurídico de que el Estado argentino está obligado por los tratados de derechos humanos a investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
Aunque admiten que sus testimonios no serán definitivos para que se diriman los resultados de los juicios, los familiares sienten la necesidad de contarle a la justicia lo que ellos conocen. Tratándose de 30 mil desaparecidos y de más de 300 niños apropiados por la dictadura, toda la información que ayude a las familias de las víctimas es bienvenida.
Verna hijo asegura que muchos han sido testigos de la posesión de sus progenitores de “botines de guerra” y esperan que los diputados que recibieron el proyecto de ley lo traten rápidamente.