Con los votos de socialcristianos, CREO, SUMA, AP, fue aprobado el documento.
Punto Noticias. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente de Ley Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.
Previamente, el organismo debatió algunos de los temas principales de la propuesta. Ana Belén Marín (AP) sostuvo que no se debe eliminar la inversión doméstica, a través de los fondos de liquidez del Banco Central, lo cual incidirá en la disminución de créditos productivos, para vivienda, entre otros segmentos, que aportan al desarrollo económico y social del país.
El socialcristiano Henry Kronfle consideró que se están confundiendo algunos conceptos acerca del objetivo del proyecto de ley. Por ejemplo, al limitar el crédito lo que se hace es evitar que una institución financiera pueda otorgar préstamos por encima de su capacidad y, si recurre a créditos del exterior, se lo haga hasta un límite específico. A su criterio, el Ejecutivo no pierde la responsabilidad en el manejo de las juntas de Regulación Monetaria y de Regulación Financiera.
El asambleísta Hermuy Calle (RC) alertó que, sobre la base de un esquema de cómo funciona actualmente la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que, a través de la reforma, se divide en dos, el presidente de la República pierde su facultad sobre el manejo de estos dos organismos y, lo que es más, a la nueva Junta de Regulación Financiera se le añade la capacidad de regular la seguridad social, lo cual es inadmisible.
Gabriela Larreátegui (SUMA) defendió la constitucionalidad del proyecto de ley, que, a su entender, garantiza un manejo independiente y autónomo del Banco Central del Ecuador, para que sus recursos no sea utilizados de manera discrecional por la Función Ejecutiva.
La legisladora Pinuccia Colamarco (AP) enfatizó en su observación de que la información que sea catalogada como reservada esté accesible, de forma inmediata, para los organismos de control, como el caso de la Contraloría General del Estado y que, en caso de ser requerida, pueda ser entregada a la Asamblea Nacional, dentro de su capacidad fiscalizadora.
Para Patricio Donoso (CREO), no hay duda alguna de que el proyecto de ley es constitucional, razón por la cual es necesario que sea aprobado, con las mejoras del caso, a través del Pleno de la Asamblea. Cree que es indispensable incluir en el informe que quienes vayan a formar parte de las dos juntas de regulación acrediten experiencia en materia monetaria y financiera, respectivamente.
Luis Pachala (CREO) considera que la Contraloría General del Estado sí ejercerá control respecto de la gestión de la Junta de Política Financiera, además estará sometida a procesos de auditoría interna y externa, pues contará con un comité para el ejercicio de esta facultad.
La asambleísta Lira Villalva (RC) anticipó que se reserva el derecho de presentar un informe de minoría, por cuanto se mantienen varias disposiciones que, a su juicio, son contrarias a lo establecido en la Constitución de la República.
Fuente: Asamblea Nacional.