“Desde que fue detenido, temimos por la vida de nuestro padre y lo asesinaron”, reclamaron sus hijos, Jomaira y Jhon Jairo. Ahora, plantearán una demanda contra el Estado.
Punto Noticias. “Cuando empecé a ver los videos me di cuenta que se trataba del lugar donde estaba mi papá. Ese rato llamé a mi mami y nos fuimos a la Penitenciaría”. Jhon Jairo Campuzano, al igual que miles de ecuatorianos, vio los videos que circularon sobre la masacre del 13 de noviembre de 2021. Vio cómo incineraban cuerpos, vio los gritos de los internos suplicando ayuda. Vio lo que todos –menos las autoridades- y reconoció que el ataque era en el área transitoria, donde estaba su padre, Jhon Campuzano, quien fue asesinado a la espera de un audiencia para apelar su prisión preventiva.
“¡Jhon Campuzano!, gritaban y entraban a los cuartos de una manera brutal”, cuenta su hija, Jomaira Campuzano. El 30 de agosto de 2021 se llevaron a su padre y no lo volvió a ver. Él, contador de la empresa Ecuagran, exjugador de la liga juvenil de Emelec, amante de la salsa, fue detenido en los allanamientos hechos por la Fiscalía dentro del caso ISSPOL. Sus dos hijos hablaron con Radio Pichincha.
El 1 de septiembre se realizó la audiencia de formulación de cargos y, hasta el 13 de noviembre, día que fue asesinado junto a otros 61 internos, cumplió una prisión preventiva por el supuesto delito de falsedad de información. Él no debió estar en ese infierno, reclaman sus hijos, pero la presión política, la inoperancia de funcionarios judiciales provocaron su ingreso al sistema penitenciario, que ya había pasado por dos estados de excepción y la lista de reos asesinados iba en aumento.
Desde que inició la crisis carcelaria, a mediados de 2020, autoridades, analistas y organizaciones han señalado que el abuso de la prisión preventiva es uno de los factores que agudiza los problemas al interior de las prisiones. Desde el 2019, se han emitido 66.754 autos de prisión preventiva a escala nacional, lo que deriva en el incremento de hacinamiento. Solo la Penitenciaría tiene una sobrepoblación del 60% y, la mayoría de los privados de libertad, no tienen una sentencia.
Pese a las recomendaciones, el fiscal a cargo, Víctor Hugo González, solicitó esta medida extrema para los ocho que fueron detenidos en los allanamientos en Guayaquil. Cinco, de la empresa Delcorp, recibieron medidas alternativas. Para Jhon Campuzano y otras dos personas, el juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, dictó prisión preventiva.
“Quizá los primeros cinco tuvieron más posibilidades económicas para poder recibir las medidas alternativas”, lamenta Jhon Jairo, al denunciar la corrupción dentro del sistema judicial y los montos que se entregarían para evitar órdenes de prisión que, en plena crisis carcelaria, podrían ser sentencias de muerte.
“Desde el día que fue detenido, temíamos por la vida de nuestro padre”, agrega Jomaira. Durante los 70 días que estuvo recluido, de 19h00 a 21h00, Campuzano se comunicaba con su familia. “Él nos comentaba: hoy hubo balacera, hoy se escuchó bombas. Eso era casi todos los días que hablábamos con él, pero nos decía que estaba bien, que no nos preocupemos y que oremos por él”.
Al día siguiente de su detención, ingresaron la solicitud para apelar la orden de prisión. Su familia esperaba que el juez emita medidas alternativas, pero ni siquiera pudieron presentar sus argumentos. Hubo tres intentos, pero no se instaló ninguna audiencia, pese a que el pedido ingresó dos meses antes. Hoy, su familia tiene ya fecha y hora para apelar la prisión preventiva. Llego dos días después de que Jhon Campuzano fuera asesinado.
El abogado incluso había ido a la Corte Provincial del Guayas para pedir que fijen la fecha para la audiencia porque había un riesgo inminente por la violencia en las cárceles. “Lo que dijo la secretaria fue: “Aquí hay muchos intereses de por medio, pero ya voy a despachar”, cuenta Jhon Jairo Campuzano.
La primera audiencia estaba prevista para el 30 de septiembre, pero fue suspendida por que no habían notificado con tiempo. Dos días antes, el 28 de septiembre, había ocurrido la peor masacre en esa cárcel, en la que asesinaron a 119 privados de la libertad. Su padre había escuchado toda esa jornada de violencia. Para entonces, las autoridades habían anunciado medidas para agilizar los procesos judiciales, pero la realidad fue otra.
La segunda audiencia, prevista para el 12 de octubre, se suspendió porque el juez, Gustavo Marfetán, estaba de vacaciones.
En la tercera audiencia, fijada para el 21 de octubre, el mismo juez se excusó porque Enrique Weisson, gerente de Ecuagran, también vinculado al caso, era familiar de su esposa.
¿Por qué no se excusó antes? “La respuesta del juez fue: recién reviso el proceso y acabo de darme cuenta que Weisson es familiar de mi esposa”. El magistrado había revisado el caso 14 horas antes de la audiencia.
“Mi papá falleció el sábado 13 de noviembre y recién el lunes 15 de noviembre aceptan la excusa del juez y ponen fecha de audiencia”.
A la espera de una lista.
El sábado en la mañana, luego de ver los videos, lo primero que hizo Jhon Jairo fue llamar a su madre. “Le dije a mi mamá: pasó esto, este es el lugar donde está mi papa. Cuando estábamos yendo a la Penitenciaría revisó en twitter esa primera lista que circuló, en la que no se confirmaba que estaban muertos, pero, a la final, todos habían fallecido”.
Jhon Roger Campuzano Triviño. Su padre constaba en la lista. “Mi madre vio el nombre y se le cortó la respiración, no podía respirar, decía que era imposible”, cuenta su hijo.
El sábado 13 de noviembre, a las 16h00, en Criminalística, anunciaron los primeros nombres de internos que habían sido asesinados y ya habían sido identificados. Su padre no constaba. A las 19h00 dieron una segunda lista, tampoco estaba. No dieron más información hasta el día siguiente.
“Fuimos a todos los hospitales para ver si mi papá estaba entre los heridos. Eran casi las 22h00 sin tener ninguna información de mi papá”, narra Jhon Jairo.
A las 08h00, del domingo 14 de noviembre de 2021, el nombre de Jhon Roger Campuzano Triviño fue mencionado en la lista, confirmando su asesinato.
“Es un sufrimiento ver cómo nos arrebataron a nuestro padre. No era la manera cómo tenía que irse. Era su única hija mujer, recién tuve una bebé y ahora mi hija no podrá vivir esos momentos con mi papá”, reclama Jomaira.
Ella lo recuerda como un padre amoroso, comprometido, justo y honesto, que terminó en un caso mediático y cargado de presiones políticas.
“No logro entender. Una Penitenciaría tiene autoridades de control. ¿Por qué no entraron? No pueden decir que no tenían conocimiento. Si una camareta, similar a un disparo, se escucha. Un taco de dinamita ¡Cómo no podían escuchar!”, reclama Jhon Jairo, al precisar en un dato que, para él, revela la falta de acción de las autoridades.
El área transitoria, donde estaba su padre, queda muy cerca de la garita del último filtro de ingreso. Jhon Jairo identificó esta zona en los videos porque había visitado, en dos ocasiones, a su padre. Recordó que en sus visitas caminaba 40 pasos de la garita a la transitoria. “Yo no creo que la excusa sea: “yo no sabía o no escuché. Claramente no había una orden de una autoridad para que ingresen a la penitenciaría”, dice indignado. “Los reos están diciendo que hay bala y dinamita ¿por qué no entran? ¿Por qué no lo hicieron? No hubo la predisposición o, como mencionan algunos reos, la Policía está comprada”.
La vinculación de Campuzano al caso ISSPOL
“¿Por qué lo procesaron? ¿Por qué está ahí? todos se hacen esa pregunta porque es realmente injusto. No hay nada en el expediente”, dijo enfático Jhon Jairo. Para él, el Ecuador falla en dos aspectos: en la seguridad de las personas recluidas y con respecto a la gente que están procesando.
“Lamentablemente, alguien tenía que pagar”.
Jhon Campuzano era investigado dentro del caso ISSPOL. La Fiscalía inició una investigación tras la denuncia presentada, en septiembre de 2020, por el superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia, en contra de la Auditora Externa SMS, que habría aprobado informes financieros con supuestos datos falsos para aparentar solvencia económica de las compañías Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. (Ecuagran), también investigadas.
“Los elementos para formular cargos en contra de mi papá fueron cuatro: dos informes de la Superintendencia de Compañías y dos versiones”, cuenta su hijo.
En los dos informes de la entidad, cuenta, se sugiere se investigue el delito de defraudación bursátil y nunca el delito de falsedad de información. “El policía judicial, quien llevó la investigación, menciona que el informe de la Superintendencia habría falsedad de información en la contabilidad, lo que nunca dice la Superintendencia. Entiendo que dijo eso para encajar el delito y culpar a mi padre”.
Además, Campuzano dijo que la máxima autoridad de la Superintendencia, Víctor Anchundia, en su versión a la Fiscalía, dijo que la falsedad de información no está en la contabilidad de Ecuagran. El liquidador de esta empresa también había reclamado que la Fiscalía está detrás de los trabajadores, cuando los “peces gordos” siguen libres.
“El día que se llevaron a mi papá le leyeron sus derechos y todos fueron violados”, reprocha Jomaira. Sostiene un marco de madera con dos recortes de prensa. Allí, aparece su padre, joven, está junto al equipo de la liga juvenil de Emelec. Habían quedado campeones. El 4 de enero de 2022 Jhon Campuzano cumpliría 58 años.
“Con la misma ropa que se fue pasó en prisión y murió. Nunca nos dejaron entregar ropa ni siquiera medicinas. Cuando había balacera y detonaciones no les entraba la comida. Mi papá tenía días sin comer desayuno, almuerzo y merienda”.
Ahora, preparan una demanda contra el Estado y una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Jhon y Jomaira, la Fiscalía procesa a justos por pecadores y en la Penitenciaría están muriendo los inocentes.
Además, esperan que el fiscal Víctor Hugo González “se arme de valor, reconozca el error de haberse equivocado a tal magnitud, aunque no me devuelva a mi papá”. Pero también esperan que no haya represalias en su contra, que las pericias que están planificadas sean transparentes y no se ensucie el nombre de su padre.