Tras la Consulta y el Referendo se requieren jueces que tramiten directamente las garantías jurisdiccionales para evitar los abusos que se han dado en la actualidad. Entre el 2020 y el 2023 han ingresado más de 77 000 tipos de garantías jurisdiccionales a escala nacional.
Punto Noticias.- Una vez que el pasado domingo, 21 de abril se llevó a cabo la Consulta Popular y el Referendo, al Consejo de la Judicatura le competirá crear las judicaturas especializadas en materia constitucional.
El casillero C sobre enmienda constitucional consultó a los electores:
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
La pregunta estuvo acompañada de un anexo que deberá cumplirse. La enmienda se centra en el artículo 86, numeral 2 y numeral 3, de la Constitución. Este artículo está relacionado con las garantías jurisdiccionales.
También plantea reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el ámbito de competencias de jueces, apelaciones, trámites de habeas corpus, normas especiales, salas especializadas y competencias de la Corte Nacional de Justicia.
En este contexto, el Consejo de la Judicatura está al pendiente de los resultados oficiales sobre esta pregunta, en el que el Sí lleva la delantera y su resultado es irreversible.
En su cuenta de X, la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, señaló que a la entidad le compete asumir de modo inmediato la creación de las judicaturas especializadas en materia constitucional, con el fin de reducir el lamentable abuso en las garantías jurisdiccionales.
Ese abuso, según el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, se ha dado, principalmente en la solicitud de habeas corpus y acciones de protección.
Consideró que es indispensable que se designen a los jueces constitucionales de primera y segunda instancia a través de un concurso convocado por el Consejo de la Judicatura tomando en cuenta el número de garantías jurisdiccionales que -al momento- están en trámite a escala nacional.
Para Ocaña existirían dos opciones para esa designación: la una que en las 24 provincias del país actúen estos jueces y, la segunda que trabajen en Quito de manera centralizada como los jueces Anticorrupción para evitar cualquier tipo de abuso por presentar una garantía en otra jurisdicción como sucede en la actualidad.
Según información de la Judicatura, entre el 2020 y 2023, han ingresado 77 502 tipos de garantías constitucionales. Las más solicitadas fueron las acciones de protección (55 324), los habeas corpus (9 916) y las acciones de protección con medida cautelar (3 928).
Hay que tomar en cuenta que las garantías jurisdiccionales tienen prelación y, por tanto, deben ser tratadas de forma inmediata.